Análisis Exclusivo suscriptores La ministra de Educación, Viviane Morales, durante las reuniones con los secretarios de los departamentos afectados por el terremoto. Foto: Ministerio de EducaciónSUBDIRECTOR VIDA21.08.2026 15:26 Actualizado: 21.08.2026 15:26
"Una campaña 'woke' que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos". Así describió la ministra de Educación, Viviane Morales, lo que considera una "ideologización" de las aulas colombianas, con el programa de educación sexual integral como blanco principal de sus críticas. LEA TAMBIÉN La funcionaria anunció una revisión de fondo de todos los materiales escolares del país. "Estamos revisando los materiales escolares, todos, para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos", afirmó.Fue enfática en que cualquier decisión sobre los contenidos deberá contar con el aval de las familias. "Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos", advirtió.El anuncio no llega de la nada. Antes de asumir el Ministerio, Morales ya arrastraba un largo historial de oposición a lo que sectores conservadores llaman "ideología de género". Como senadora, entre 2014 y 2018, impulsó un referendo para restringir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, iniciativa que terminó archivada en la Cámara de Representantes. También ha sido una de las voces más críticas del país frente al aborto y a los enfoques de género en la política pública.Su llegada a la cartera educativa, además, coincide con una promesa de campaña muy puntual del presidente Abelardo de la Espriella: "sacar a Marx de las aulas para meter a Dios". De esta manera, las declaraciones de la ministra no son un hecho aislado, sino la continuación de una agenda que ella misma ha defendido durante más de una década en el Congreso.Lo que la ley obliga desde 1994La educación sexual, sin embargo, no es un asunto nuevo ni ambiguo desde el punto de vista normativo. La Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, establece en su artículo 14 que es de enseñanza obligatoria en todos los colegios oficiales y privados, desde preescolar hasta media. El parágrafo primero de ese mismo artículo aclara que no exige una asignatura específica: debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios, como un proyecto pedagógico transversal.A esa base normativa se sumó, en 2013, la Ley 1620, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y obligó a los colegios a incluir la educación para la sexualidad en sus manuales de convivencia. La Corte Constitucional ha respaldado ese andamiaje en varias ocasiones. En la sentencia C-085 de 2016 confirmó que la educación sexual es un componente obligatorio en todos los niveles escolares del país y que, desde el punto de vista pedagógico, no requiere una cátedra aparte.Así las cosas, uno de los puntos centrales de la controversia que generaron las declaraciones de Morales es precisamente ese: la tensión entre lo que anuncia el Ministerio y lo que ya establece la ley desde hace más de tres décadas.Ximena Norato, directora de Pandi, Comunicación y Derechos Humanos, en diálogo con EL TIEMPO cuestionó de entrada el término usado por la ministra. "La llamada ideología de género no existe como una categoría reconocida en la educación ni en los estándares de derechos humanos", afirmó. Según explicó, lo que sí existe es la educación integral para la sexualidad, en derechos sexuales y reproductivos, cuyo propósito es proteger a niñas, niños y adolescentes, brindar información basada en evidencia y prevenir violencias, abusos y discriminación. La perspectiva de género, agregó, busca igualdad de oportunidades entre niñas y niños, elimina estereotipos que fomentan la violencia y enseña respeto por la diversidad y las familias.Norato también planteó un llamado a no descalificar a las familias que desconocen estos temas. Según cifras del Dane que citó, 68 de cada 100 bebés nacen de una madre cuyo grado máximo de educación es el bachillerato, y la mitad de los colombianos no termina esa etapa escolar. Por eso, dijo, muchas familias necesitan herramientas para acompañar a sus hijos en decisiones complejas, más que ser descalificadas por su nivel cultural.La experta recordó un límite jurídico clave para entender la discusión: "El derecho de las familias a participar en la formación de sus hijos e hijas es fundamental, pero no es un derecho absoluto ni reemplaza los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir educación e información para proteger su desarrollo, su salud y su integridad. La educación sobre derechos sexuales y reproductivos debe estar alineada con la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, la evidencia científica y una información clara, verificable e incluyente”.Ese límite no es nuevo. Ya en 1992, mediante la sentencia T-440, la Corte Constitucional reconoció que la educación sexual "incumbe de manera primaria a los padres" y les dio el derecho a solicitar periódicamente información sobre el contenido y los métodos empleados en los cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros de que concuerdan con sus propias ideas y convicciones. Pero la sentencia también limita lo que los padres pueden hacer, pues fue enfática en una advertencia que sigue vigente treinta y tres años después: "El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación, por la simple necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas".Fabio González Flórez, experto internacional en derechos de niñez y adolescencia, fue más allá. En entrevista con este diario cuestionó la premisa misma del debate que ha planteado la ministra. "Se está relativizando muchísimo en el tema de educación sexual y reproductiva lo que ya la ciencia ha probado", dijo. A su juicio, los estándares internacionales, a los que Colombia se ajusta, siguen lo que la evidencia ha mostrado: se educa para dotar a los adolescentes de herramientas de autocuidado en salud sexual y reproductiva, no para imponer un concepto ideológico.Sobre el argumento del consentimiento parental que ha usado Morales, González Flórez planteó un matiz importante. "Si bien padres, madres y cuidadores tienen el derecho a tomar ciertas decisiones sobre qué educación reciben sus hijos, me parece que no siempre están dotados de la información correspondiente para discernir si está bien o mal", explicó. Advirtió, además, sobre el riesgo de que esa decisión termine basada en opinión y no en datos: "Se les debe dotar también de herramientas, información, etcétera, que no esté basado en opiniones, porque ya entramos en demagogia, sino presentarles cuál es la evidencia y que la decisión se tome sobre datos y sobre hechos concretos".Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, ofreció una salida institucional al dilema que ha planteado la ministra. Recordó que el Decreto 459 de 2024 le da a los colegios el mandato de trabajar la alianza familia-escuela, y consideró que esa es la herramienta adecuada para blindar la preocupación de Morales sobre la transparencia, sin necesidad de suspender los programas existentes.Piñeros también aportó cifras preocupantes sobre el contexto en el que se da esta discusión. Según la línea Te Protejo, que opera Red Papaz desde 2012, los casos de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes crecieron cuatrocientos cincuenta por ciento en el último informe disponible, de los cuales el noventa y ocho por ciento corresponden a niñas y el noventa y uno por ciento a menores entre tres y trece años. La inteligencia artificial, advirtió, ha jugado un papel lamentable en ese aumento.El precedente de las cartillas y el caso UrregoEsta no es la primera vez que la educación sexual desata una crisis pública en Colombia. En 2016, la circulación de fragmentos de una cartilla de trabajo, Ambientes escolares libres de discriminación, elaborada con apoyo de agencias de Naciones Unidas para orientar la revisión de los manuales de convivencia escolar, generó marchas en al menos catorce ciudades del país bajo la consigna "no nos impongan la ideología de género".Esa revisión de manuales y la política que intentó asumir entonces el Gobierno, vale la pena recordarlo, no fue una iniciativa espontánea. Había sido ordenada un año antes por la Corte Constitucional, en la sentencia T-478 de 2015, tras el suicidio del estudiante Sergio Urrego, discriminado por su orientación sexual en un colegio de Cundinamarca.En ese fallo, la Corte concluyó que existía un déficit de protección en el sistema educativo colombiano frente al acoso escolar por razones de orientación sexual e identidad de género. Por eso ordenó al Ministerio de Educación revisar, en un plazo no mayor a un año, la totalidad de los manuales de convivencia del país, para garantizar que estuvieran en concordancia con la Constitución y con los principios de un Estado democrático, participativo y pluralista.En total fueron catorce las ciudades donde se movilizaron en 2016 grupos religiosos, políticos y ciudadanos en contra de esa cartilla, que finalmente el entonces presidente Juan Manuel Santos descartó como documento oficial, aunque la revisión de manuales por orden judicial continuó. El episodio quedó como uno de los antecedentes más citados cada vez que resurge la discusión sobre contenidos de género en las aulas, como ha ocurrido ahora con las declaraciones de Morales."No me parece que haya un manejo ideologizado de la educación sexual en Colombia", resumió González Flórez. "Puede que haya algunos casos específicos que valga la pena ver con lupa, pero según los lineamientos que hay y lo estandarizado en estos temas, a mí me parece que sigue lo que ha dicho la evidencia y sigue también lo que se ha trabajado en otros países al respecto".REDACCIÓN EDUCACIÓN Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
