El último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, Pablo Catatumbo, alias “Jorge Torres Victoria”, Pastor Alape, Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, y Rodrigo Granda, o “Ricardo Téllez”.Foto: Archivo ParticularResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Un grupo de firmantes de paz que componían el antiguo secretariado de las Farc solicitó al gobierno de Abelardo de la Espriella conocer detalles sobre el futuro del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 durante su administración.Entre los excombatientes que firmaron la carta están Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julian Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar, Jaime Alberto Parra Rodríguez, quienes solicitan a la nueva administración claridad sobre la política de implementación en estos cuatro años, detalles sobre los cambios que propone a la arquitectura institucional planteada en el acuerdo, así como posibles reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz.A través de un derecho de petición de 16 páginas, los firmantes sustentan sus dudas en una serie de preocupaciones fácticas y jurídicas. La primera de ellas son los anuncios de reformas en la nueva administración que plantearon la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la supresión de dependencias en la Presidencia (incluyendo la eliminación de 229 cargos) y el traslado de funciones de la Unidad de Implementación a un nuevo “Comisionado Nacional de Seguridad”. Además, se contempló la posible fusión o eliminación de entidades fundamentales como la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los firmantes advierten que el 31 de diciembre de 2026 vencen los decretos que amparan el acompañamiento psicosocial y el apoyo económico básico para la reincorporación, sin que se conozca un decreto de prórroga. Asimismo, señalan vacíos normativos para respaldar los esquemas de seguridad de los firmantes a cargo de la UNP y para prorrogar la reincorporación a largo plazo.Tras el anuncio del ministro de Justicia, Iván Cancino, de realizar una revisión rigurosa de los plazos y del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aclarando que la política de la administración entrante no es prorrogar el mandato de esta jurisdicción.El documento le recuerda al nuevo gobierno que la Corte Constitucional determinó que este cumplimiento es un referente obligatorio de validez y rige durante tres periodos presidenciales completos (hasta 2030). Bajo el principio de progresividad y no regresividad, el Gobierno no puede usar su margen de apreciación para desmontar unilateralmente capacidades institucionales ya consolidadas para la paz.Conozca aquí el derecho de petición:👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.Por Nicolás Torres García Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.Conoce másTemas recomendados: