Hace cerca de un mes saltaron las primeras alertas en Renovación Nacional (RN).La presidenta del partido, Andrea Balladares, acompañada de los senadores Andrés Longton y Rojo Edwards, llegó hasta el Ministerio de Seguridad para reunirse con el jefe de esa cartera Martín Arrau.Los parlamentarios habían solicitado la reunión para abordar parte de la agenda legislativa que se estaba preparando, en particular la reforma constitucional que por esos días ya se estaba diseñando y que hoy ha enredado la tramitación de la agenda de seguridad de La Moneda.Según quienes conocieron de esa cita, sin entrar en detalles, Arrau les adelantó que dentro del texto se iba a proponer un nuevo estado de excepción coonstitucional. De ahí en adelante, desde el partido no recibieron más información del contenido.Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías Lo que sigue ya es historia conocida. La reforma que fue ingresada por el gobierno este lunes al Senado levantó duras críticas entre parlamentarios oficialistas -entre ellos Balladares y Longton- quienes no solo cuestionaron la falta de trabajo prelegislativo, sino que también puntos del texto que calificaron como un riesgo para la estabilidad institucional y el sistema demócratico.Esos cuestionamientos, empezaron incluso antes de que se diera a conocer la iniciativa y se centraron justamente en el nuevo estado de excepción que les había esbozado Arrau, junto con la norma que plantea inhabilidades en derechos sociales como salud y educación para condenados por crimen organizado y terrorismo.Aunque este jueves, desde La Moneda mostraron apertura para modificar esas puntos con el objetivo de ordenar al oficialismo, en RN las aprensiones por la reforma se mantienen.En el partido creen que con el proyecto se traspasó un límite que va más allá de las diferencias que pueden existir en la derecha respecto a cómo enfrentar la crisis de seguridad, pues advierten que se trata de convicciones democráticas en temas tan básicos como la separación de poderes y la defensa de la institucionalidad. Por lo mismo, en la colectividad no esconden que la molestia es fuerte.“Aquí hay cuestiones mucho más profundas que discutir plazos o números. Estamos hablando de separación de poderes, contrapesos democráticos y límites que ninguna mayoría circunstancial debiera traspasar. Vamos a seguir escuchando a expertos y fijaremos nuestra posición cuando terminemos ese proceso”, apuntó Andrea Balladares a La Tercera.15-07-2026