Chile enfrenta nuevas formas de criminalidad, para las cuales las instituciones no estaban preparadas. Se trata de organizaciones delictuales diferentes a las de antaño, más sofisticadas, que explotan mercados ilícitos más allá del narcotráfico (aunque ciertamente lo incluyen). De ahí la urgencia de volver a pensar de qué alternativas disponemos para enfrentarlo a todos los niveles, desde el diseño institucional hasta el nivel operativo. Dado que se trata de ajustar el sistema completo para orientarlo a cumplir un conjunto de tareas nuevas, es perfectamente posible que toque el ámbito constitucional. Sin embargo, cabe hacer al menos dos prevenciones ante eventuales reformas en este ámbito: por una parte, el cambio constitucional debe formar parte de un conjunto coherente de medidas, que articulen los distintos niveles del problema; por otra, vale ser en extremo cautelosos respecto de su eficacia. Después de dos procesos constituyentes fallidos (o tres si incluimos el de la expresidenta Bachelet), la lección debiera estar aprendida. Las constituciones no son árboles de Navidad a los que cada quien le cuelga el adorno programático que quiera. Aunque pudiéramos hacerlo, no por eso el problema será resuelto.El escrutinio a un proyecto de reforma constitucional debe ser directamente proporcional a la relevancia de la materia. Dado que toca las fibras del ejercicio del poder, el estándar es mayor y las justificaciones para hacerlo deben estar a la altura de su propósito. En lo uno y en lo otro el gobierno ha sido más débil de lo que merece su agenda.Todo indica que La Moneda creyó que bastaba con abordar el problema de la seguridad para que todos —ciudadanía y política— aceptasen tanto el diagnóstico como las soluciones. También creyó que la fisonomía de la crisis era tan evidente que no había que explicar mucho por qué se seguiría este camino y no otro de los cursos de acción posibles. Como decía antes, aun aceptando la necesidad de un cambio a nivel constitucional, el Gobierno nunca ha podido explicar bien sus intenciones reales: disminuir la posibilidad de que el Tribunal Constitucional objete futuros proyectos de este tipo, una sospecha que se mantiene a pesar del ajuste hecho al borrador del proyecto. La circunstancia anterior puede explicar la ausencia de trabajo previo con los parlamentarios de oficialismo y oposición, una ausencia particularmente sensible dado que el umbral de votos a conseguir es considerablemente superior al de una ley común. No es el tipo de proyecto en el cual uno quiera tomar a los congresistas por sorpresa.Otro hecho que llama la atención es la insistencia gubernamental —sobre todo en las personas de Martín Arrau y Arturo Squella— en presentar el problema en términos de ciudadanía contra política. Preguntémosle a la gente, dijeron antes de abrirse a modificaciones al proyecto (el senador Squella luego dio a conocer que presentaría indicaciones con su par Longton), y con ello relegaron a un segundo plano las preguntas serias y pertinentes respecto al contenido. Por ejemplo, si acaso es necesario un nuevo estado de excepción, si es razonable que esa excepción sea tan intensa como se plantea, si es necesario que dure 240 días sin control de otro poder del Estado, etc. Algo parecido puede decirse de las propuestas de limitaciones de derechos. Fuera de una retórica de buenos contra malos, de la señora Juanita contra el capo del Tren de Aragua, se ha visto poco más que una apelación a la voluntad popular. Pero, como bien sabe cualquier interesado en la cosa pública, el reemplazo constitucional fue popular en su minuto, los retiros previsionales también, y Gabriel Boric lo fue en 2021 (aunque por poco tiempo). La popularidad de algo dice poco sobre su conveniencia, más todavía cuando se trata de modificar la constitución. Tal como era complejo cambiar la constitución durante la fiebre social de 2019, hoy es razonable mirar con calma y no legislar en caliente.Como otras veces, también se ha intentado presentar el problema como uno entre duros y blandos, valientes y cobardes. Obviamente, la crisis requiere valentía para enfrentarla y un grado de decisión que ningún gobierno ha demostrado hasta ahora, pero eso dice bien poco sobre el contenido específico de las soluciones. Si la discusión empieza a girar en torno a quién es más duro de cara a la gente, poco importarán las razonables prevenciones que puedan surgir en torno a las restricciones de derechos o los potenciales malos usos de la discrecionalidad que entrega la propuesta. Grandes males se han cometido apelando a la voluntad popular, y es ahí, en estas situaciones críticas, donde la política debe reivindicar para sí su vocación mediadora; reivindicar un espacio propio que se nutre de las aspiraciones y problemas de la ciudadanía, pero no se rinde a ellos. Aunque sea tentador hacerlo, hay que ponerle un poco más de empeño. Quienes aprecian los principios morales sólidos y valores objetivos y graníticos de los que hablaba un senador asesinado deberían ser los primeros en recordarlo.