El pasado 1 de julio, EL MUNDO adelant� que la directora regional de ONU Mujeres para Am�rica Latina y el Caribe, Bibiana A�do, distribuy� entre otras oficinas regionales de la instituci�n un informe que tiene la clara pretensi�n de deslegitimar y desprestigiar la rigurosa labor de la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y las ni�as, Reem Alsalem. En ese informe A�do la describe como �antig�nero� y contraria a los �derechos humanos� en materias como la transexualidad, la prostituci�n y la gestaci�n subrogada.Las discrepancias forman parte de la vida de Naciones Unidas, ya que Gobiernos y agencias, por un lado, y expertos y organismos independientes, por otro, mantienen posiciones e interpretaciones distintas sobre cuestiones especialmente controvertidas. Nada extraordinario. Lo extraordinario comienza cuando la discrepancia deja de canalizarse a trav�s de los procedimientos previstos y adopta la apariencia de una posici�n institucional sin haber recorrido el camino necesario para ello.La anomal�a es a�n mayor cuando la destinataria de ese informe cr�tico es una relatora especial cuyos informes documentan, con abundante evidencia, los efectos que la mercantilizaci�n del cuerpo de las mujeres tiene en sus derechos fundamentales, siempre en torno al principio que los propios Estados han consagrado en tratados, convenios y resoluciones: que existe una discriminaci�n espec�fica contra las mujeres por raz�n de sexo. Esa ha sido, durante d�cadas, una de las ideas vertebradoras del sistema internacional de defensa de los derechos humanos. Y es precisamente la idea que el informe cr�tico combate.La paradoja es notoria: la agencia de la ONU creada para promover los derechos de las mujeres aparece impulsando la difusi�n de un documento dirigido contra una de las titulares de ese mandato y cuya funci�n encargada por Naciones Unidas consiste en documentar, con base en evidencias, las formas contempor�neas de esa discriminaci�n. Las organizaciones de mujeres observan estupefactas c�mo una instituci�n concebida para fortalecer la protecci�n de los derechos de las mujeres se enfrenta abiertamente a quien ejerce el mandato de denunciar su vulneraci�n.Por eso no se trata �nicamente de una controversia doctrinal, sino de algo m�s: el informe no respet� los procedimientos internos, los controles t�cnicos ni los est�ndares editoriales que Naciones Unidas exige para cualquier publicaci�n que circule bajo su autoridad como instituci�n. Y eso es importante, porque Naciones Unidas no fundamenta su credibilidad s�lo en los principios que proclama. Tambi�n la fundamenta en la manera en que adopta sus decisiones. Cada informe institucional deber�a ser el resultado de un procedimiento identificable: elaboraci�n, revisi�n t�cnica, contraste de fuentes, control jur�dico, validaci�n editorial y autorizaci�n formal. Esos pasos no constituyen una carga burocr�tica; son las garant�as que permiten distinguir una publicaci�n institucional de un documento elaborado al margen de los est�ndares de la organizaci�n. Nada de eso se aplic� en la elaboraci�n del insidioso informe contra Reem Alsalem.Si esos mecanismos no se aplicaron, el verdadero problema trasciende, por tanto, el contenido del informe. Lo que se pone en riesgo es el funcionamiento de la propia instituci�n. Y esa cuesti�n merece una explicaci�n p�blica por parte de sus responsables.Las comunicaciones internas conocidas permiten reconstruir parte del recorrido que tuvo el documento. En ellas, Bibiana A�do comunica su distribuci�n a distintas oficinas regionales de ONU Mujeres e indica expresamente que lo hace a instancias de Adriana Qui�ones y Catarina Carvalho. A partir de ese hecho documental resulta imprescindible reconstruir el procedimiento seguido, identificar las responsabilidades institucionales y comprobar si los controles previstos funcionaron como deb�an.Ser�a deseable que quienes ostentan cargos de responsabilidad en ONU Mujeres no perdieran de vista el contexto. Naciones Unidas atraviesa desde hace a�os un escenario de crecientes dificultades financieras que ha obligado a muchas de sus agencias a incrementar su dependencia de contribuciones voluntarias procedentes de Estados, fundaciones y otros actores privados. Precisamente por ello, la organizaci�n est� obligada a extremar el respeto a los principios que justificaron su creaci�n. Cuanto mayor sea la presi�n externa, mayor debe ser la fortaleza de sus procedimientos internos.La independencia, la neutralidad institucional, el rigor t�cnico, la revisi�n jur�dica, la trazabilidad de las decisiones, el respeto escrupuloso a las evidencias y la transparencia en los procesos de elaboraci�n y validaci�n de los documentos no son meras exigencias administrativas. Son las garant�as que permiten confiar en que las posiciones de Naciones Unidas responden exclusivamente a su mandato y no a intereses, presiones o agendas particulares. Esos son los principios que inspiran los informes de Reem Alsalem: la relatora fundamenta sus conclusiones en las evidencias disponibles, el derecho internacional y los mandatos conferidos por los Estados, al margen de intereses o presiones de cualquier naturaleza. El informe de la oficina brasile�a de ONU Mujeres, por el contrario, no cumple con ninguno de esos criterios.La Organizaci�n de las Naciones Unidas no debe comprometer, ni en apariencia, esos fundamentos; tampoco por necesidades presupuestarias. No se puede permitir que una agencia internacional renuncie a los est�ndares de objetividad, imparcialidad y calidad que sustentan su autoridad moral.El riesgo para Naciones Unidas es que ese informe ha colocado a la Oficina Regional de ONU Mujeres para Am�rica Latina y Caribe como un actor m�s en las controversias pol�ticas e ideol�gicas. Y ese es el camino m�s corto para erosionar la credibilidad de una organizaci�n cuya raz�n de ser consiste precisamente en ofrecer un espacio de referencia sustentado en el derecho internacional, la evidencia, la imparcialidad y el respeto a los procedimientos que los Estados acordaron preservar desde su creaci�n.Cabe preguntarse, por tanto:�Qui�n decidi� la elaboraci�n del informe contra la relatora y con qu� finalidad institucional?�Exist�a un mandato previo o una decisi�n formal que la justificara?�Qu� unidad asumi� su redacci�n?�Fue sometido a revisi�n t�cnica antes de su difusi�n?�Existi� revisi�n jur�dica?�Se verific� la exactitud de las afirmaciones contenidas en el documento?�Cumpl�a los est�ndares editoriales y de calidad exigibles para las publicaciones institucionales de Naciones Unidas?�Qui�n certific� que reun�a las condiciones necesarias para circular utilizando la estructura de ONU Mujeres?�Qui�n autoriz� formalmente su circulaci�n internacional?�Qu� papel desempe�� Adriana Qui�ones?�Qu� intervenci�n tuvo Catarina Carvalho?�Qui�n solicit� a Bibiana A�do que distribuyera el documento?�Qu� instrucciones acompa�aban al env�o?�Qu� oficinas fueron destinatarias y con qu� criterio fueron seleccionadas?�Fue informada la Direcci�n Ejecutiva de ONU Mujeres?�Conocieron estos hechos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos?�Puede una agencia especializada promover la difusi�n de un documento dirigido contra una relatora especial independiente sin acreditar el cumplimiento de los procedimientos ordinarios de validaci�n?�Qu� garant�as existen para preservar la independencia de los procedimientos especiales frente a actuaciones de las propias agencias del sistema?Responder a estas preguntas no supone anticipar conclusiones. Supone exigir transparencia all� donde la credibilidad institucional depende de que los procedimientos existan, puedan comprobarse y sean respetados. Porque hay que insistir en que la autoridad de Naciones Unidas no descansa �nicamente sobre los valores que proclama, sino tambi�n sobre la confianza en que cumple sus propias reglas con el mismo rigor que ella misma exige a los dem�s.�ngeles �lvarez es experta en pol�tica de igualdad y ex diputada del PSOE