La captura marca un nuevo giro en un caso que comenzó como una polémica en redes sociales. (FOTO: HCH)Un juez de Letras de Danlí dictó este jueves detención judicial contra el creador de contenido Urías Jabín Lovo Montoya, señalado por el Ministerio Público por un caso de presunto trato degradante contra un menor de edad y La acusación surgió luego de que un video mostrara al menor, en condición de calle, rapado a cambio de dinero y luego expuesto en redes sociales.La controversia por la difusión de un video en redes sociales llegó este jueves a los tribunales de Danlí, donde un juez de Letras resolvió imponer la medida de detención judicial a Urías Jabín Lovo Montoya, creador de contenido acusado por el Ministerio Público de los delitos de trato degradante y abuso de llamadas de emergencia.PUBLICIDADLa resolución se produce después de que la Fiscalía Regional de Oriente presentara un requerimiento fiscal relacionado con un episodio ocurrido el 16 de agosto en el parque central de Danlí, en el departamento de El Paraíso.De acuerdo con la investigación fiscal, Lovo Montoya habría participado junto con otro creador de contenido, identificado en reportes periodísticos como Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como “Soy Rosel”, en una acción en la que ofrecieron dinero a un menor de edad en condición de calle para que permitiera que le raparan la cabeza.El menor habría aceptado recibir 500 lempiras, unos 20 dólares a cambio de acceder al corte de cabello. Según la acusación, los creadores de contenido grabaron el momento y difundieron las imágenes, con expresiones de burla y ridiculización hacia el menor.PUBLICIDADEl episodio adquirió notoriedad después de que las imágenes circularan en plataformas digitales y generaran críticas por la forma en que fue tratado el menor.La Fiscalía sostiene que el problema no radica únicamente en haberle cortado el cabello, sino en las circunstancias en las que se habría producido la acción: la utilización de la situación de vulnerabilidad del menor, la entrega de dinero como condición para realizar el acto, la grabación del episodio y su exposición pública.El Ministerio Público sostiene que la afectación no se limita al corte de cabello, sino que incluye la grabación, el pago condicionado y la difusión pública del episodio.El ente acusador considera que se produjo una afectación a los derechos, la dignidad y la integridad moral del menor.La acusación deberá ser demostrada durante el proceso judicial. Lovo Montoya mantiene su condición de imputado y la determinación definitiva sobre su responsabilidad corresponderá a los tribunales una vez concluido el proceso.PUBLICIDADEl Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal contra Rosel Ariel Archaga Rodas por los mismos hechos, aunque la información disponible hasta este jueves señala que Lovo Montoya fue quien quedó detenido.Aunque no se localizó hasta el momento una declaración pública, organismos que trabajan en protección de la niñez sí han advertido previamente sobre los riesgos que supone la exposición de niños y adolescentes en entornos digitales.Según la acusación fiscal, un menor en condición de calle habría sido convertido en protagonista de contenido difundido en redes sociales.UNICEF ha sostenido además que los derechos de niños, niñas y adolescentes deben mantenerse vigentes también en el entorno digital y que los menores deben ser considerados sujetos activos de derechos, no simplemente objetos de contenido.PUBLICIDADUrías Lobo fue capturado en Danlí después de quedar involucrado en la polémica por un video con un menor.(FOTO: Proceso HN)Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, ha documentado los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los espacios digitales.En su Informe Anual 2025, el organismo señaló que un estudio nacional sobre los riesgos en redes sociales para la niñez y adolescencia identificó problemas como ciberdelitos, captación con fines de trata, acoso en línea y adicciones digitales. El informe se basó en más de 5,400 encuestas y experiencias de alrededor de 40 mil niños, niñas y adolescentes en Honduras.