Una veintena de migrantes deportados desde Estados Unidos llegó este jueves a Liberia, como parte de un acuerdo con el que el país de África occidental se ha comprometido a recibir hasta 1.200 migrantes de distintas nacionalidades expulsados de territorio estadounidense. Los deportados llegaron al aeropuerto internacional Roberts, a las afueras de Monrovia, la capital, informaron las autoridades. No se han revelado las nacionalidades de este primer grupo de deportados. El ministro de Información de Liberia dijo a Reuters que la mayoría de quienes estaba previsto deportar bajo el acuerdo será de naciones latinoamericanas, incluyendo de “Venezuela, Cuba y Colombia”. Según un comunicado del Gobierno de Liberia compartido con EL PAÍS por su Embajada en Washington, los deportados serán “ciudadanos de países africanos y del hemisferio occidental que cuenten con autorización médica para viajar”. El Gobierno liberiano ha dejado claro que los deportados “no son criminales” y que no están siendo procesados bajo las leyes estadounidenses ni liberianas. También ha señalado que serán recibidos como “huéspedes” y podrán pedir asilo en ese país o marcharse si así lo deseaban. La Embajada de Liberia en Washington dijo que no tenía “ninguna información sobre las nacionalidades”. Daniel Sando, viceministro de Información para Prensa y Asuntos Públicos de Liberia, confirmó a EL PAÍS la llegada del grupo pero dijo que no podía precisar sus nacionalidades. El jueves, el ministro de Justicia de Liberia, Natu Oswald Tweh, dijo en una conferencia de prensa tras la llegada del primer grupo que la mayoría había cometido infracciones migratorias, reportó la agencia AP. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios para este reporte. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a EL PAÍS que “la implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una de las principales prioridades del Departamento de Estado”, y que mantiene “un compromiso inquebrantable con poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Agregó que no hace comentarios sobre detalles de “comunicaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”. El acuerdo con Liberia es parte de una controvertida estrategia del Gobierno de Donald Trump de deportar a terceros países a inmigrantes que las autoridades de inmigración han determinado que no pueden ser devueltos a sus naciones porque corren riesgo de ser perseguidos o encarcelados. Estados Unidos comenzó a enviar migrantes a países de los que no son ciudadanos en febrero del año pasado, primero a Panamá y luego a otras naciones de Centroamérica, pero el verano pasado amplió los acuerdos a países africanos como Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini. Según un informe de Amnistía Internacional en junio pasado, EE UU ha suscrito acuerdos de este tipo con “más de 30 países”, aunque no todos con las mismas condiciones. Algunos han denunciado que han sido detenidos, incluso en aislamiento, sin posibilidad de comunicarse con familiares ni abogados, y sin saber qué cargos les imputan. Se estima que miles de personas han sido deportadas bajo estos acuerdos, según grupos de derechos de los inmigrantes. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos han terminado detenidos o repatriados a sus países de origen, donde no se les garantizan sus derechos humanos y podrían ser sometidos a torturas, cárcel y otros vejámenes. También han denunciado falta de transparencia de los acuerdos y señalado que muchas de estas personas terminan siendo enviadas a los países donde corren peligro. Por ejemplo, al menos 22 migrantes deportados a Ghana y tres a Guinea Ecuatorial el año pasado fueron expulsados a sus países de origen, pese a tener protecciones contra esto emitidas por los tribunales estadounidenses.La política ha sido objeto de varios litigios, pero el Tribunal Supremo de EE UU permitió el año pasado al Gobierno que continuara las deportaciones mientras estos se ventilan en los tribunales. En febrero pasado, un juez federal declaró ilegal la política, pero un tribunal de apelaciones suspendió el fallo. El Gobierno de Liberia asegura que su acuerdo “es enteramente humanitario” y “no constituye una transacción a cambio de una contraprestación”. “Liberia no ha solicitado ni recibido compensación alguna ni promesa de recompensa a cambio de aceptar participar en el programa. El país recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y fortalecer de manera más amplia su sistema migratorio”, dijeron las autoridades en el comunicado.En octubre del año pasado, Liberia aceptó recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había sido deportado erróneamente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, como una medida “humanitaria y temporal”, con la garantía de que no sería devuelto a ningún país donde pudiera enfrentar riesgos. Pocos días después, EE UU extendió las visas de negocios y turismo para los liberianos de 12 a 36 meses y comprometió 124 millones de dólares al sector de la salud del país africano.