La Comisión Europea ha aprobado la creación de una joint venture (empresa conjunta formada por varias compañías para un objetivo concreto) por parte de ACS, Telefónica, el Banco Santander y la Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, E.P.E. (SETT), conocida como la SEPI digital, para optar a una de las gigafactorías europeas de inteligencia artificial (IA) que el Ejecutivo comunitario planea construir en territorio europeo. El proyecto español, respaldado por Portugal, cuenta con una localización doble entre Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).Según un comunicado emitido este jueves por Bruselas, la joint venture propuesta es conforme con las normas del reglamento de concentraciones de la UE. Tras analizar la propuesta, la Comisión ha concluido que la operación notificada “no plantearía problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas en el mercado como consecuencia de la operación propuesta”. La propuesta fue examinada en el marco del procedimiento simplificado de control de concentraciones, precisa el comunicado.La operación se refiere principalmente a servicios de coubicación en centros de datos de terceros en España y contribuye a la estrategia de soberanía tecnológica de la UE, cuyo objetivo es “reforzar y ampliar la infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial en Europa, en el marco de la Iniciativa de Gigafábricas de IA de la UE”, recuerda Bruselas.El visto bueno del Ejecutivo europeo significa un gran balón de oxígeno para Móra la Nova, la localidad catalana en la que se prevé situar la base principal del proyecto de la gigafactoría. Las comarcas de las Terres de l’Ebre, donde se sitúa la ciudad, ansían los 5.000 millones de euros de inversión asociada al proyecto europeo, que genera una gran expectativa en la zona de Cataluña más aquejada de problemas de desempleo, dificultades económicas y fuga de población hacia otros núcleos urbanos. La tasa de paro en estas comarcas supera el 10%, mientras que en el conjunto de Cataluña es del 7,9%, y la zona también acumula problemas de infraestructuras, como los constantes retrasos en la red ferroviaria. Paradójicamente, la comarca de Ribera d’Ebre, donde se sitúa Móra la Nova, tiene el PIB por habitante más alto de Cataluña —71.546 euros por habitante—, ya que en esta comarca, de tan solo 22.925 habitantes, se sitúa la central nuclear de Ascó, que genera un nivel de PIB que, repartido entre su población, da esa métrica muy elevada por habitante. Y, de hecho, el proyecto de la gigafactoría quiere venir a cubrir el hueco que, previsiblemente, dejarán las centrales nucleares, ya que la de Ascó y la de Vandellós (en la comarca de Baix Camp) tendrán que cerrar su actividad, salvo que haya prórroga, a partir de 2030. Según los cálculos de las administraciones, esto conllevará la pérdida de 10.500 empleos. La Generalitat, el Gobierno, las administraciones locales y los empresarios llevan meses presionando para que la gigafactoría de Móra la Nova —un proyecto al que luego se le añadió la subsede técnica en San Fernando de Henares (Madrid)— sea una realidad. Este mismo mes de julio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió que proyectos como este son “un punto de inflexión” que permitirán dar comienzo a un proceso de reindustrialización de toda la zona de las Terres de l’Ebre. Illa defendió que el proyecto de la gigafactoría es tractor para otros desarrollos, como la ubicación de un centro de datos en Flix, también en la misma comarca, y que ayudará a potenciar el ecosistema digital e innovador de Cataluña, que ya cuenta con el Barcelona Supercomputing Center.A finales de julio, la UE anunció el lanzamiento de una licitación para establecer hasta siete gigafábricas de IA en toda Europa, en el marco de los esfuerzos para lograr la soberanía tecnológica del continente europeo, que aspira a convertirse, según Bruselas, en “el continente de la IA”, en una carrera por el momento liderada con mucha ventaja por Estados Unidos y China. Por ello, el Ejecutivo europeo no ha querido perder más tiempo: el plazo fijado para presentar proyectos, como ha hecho España, estará abierto hasta el 12 de noviembre. Bruselas espera poder adjudicar las gigafactorías “a principios de 2027” y que en ese mismo año empiece su construcción. En apoyo a la candidatura española, el Gobierno se comprometió a mediados de junio a destinar 719 millones de euros al proyecto, que estará controlado por el sector privado. Banco Santander, ACS y Telefónica asumirán de forma conjunta el 47% del proyecto, a razón de un 15,67% cada uno. Otra compañía privada, Multiverse Computing, tendrá el 4%. El Ejecutivo español, por su parte, poseerá a través de la SEPI el 48%. El 1% restante estará en manos de la Generalitat.