El incendio que desde el 10 de agosto ha afectado a más de 18.500 hectáreas en un perímetro aproximado de 6 100 kilómetros en el entorno de Las Peñas de Riglos, el peor que ha vivido Aragón desde que hay registros, ha colocado bajo el foco una carretera que llevaba casi dos años generando malestar entre los habitantes de la zona: la A-132. La pregunta que ahora se plantea entre los afectados no es únicamente qué provocó el incendio. También es otra: ¿qué se sabía sobre los riesgos asociados a las obras y a los cortes de la carretera antes de que comenzara el fuego?
Noticias, comunicados y documentos publicados durante los últimos meses evidencian que las advertencias existieron. Vecinos, empresarios turísticos y los alcaldes de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego, principalmente, habían reclamado reiteradamente a la empresa que lleva a cabo las obras una planificación diferente de los trabajos, habían cuestionado los cortes totales y señalado expresamente que la A-132 era una vía esencial para atender una eventual emergencia.
“Llevamos meses advirtiendo de que cerrar esta carretera en verano era un riesgo innecesario en una zona con alto peligro de incendios”, apunta Juan Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos. En la misma línea, el primer edil de Ayerbe, Antonio Biescas, subraya que “la coordinación con las obras no ha sido suficiente para garantizar la seguridad del territorio”. Teniendo en cuenta todo lo que ha venido después, con el incendio que ha puesto en jaque a la zona de Riglos, San Juan de la Peña y la Canal de Berdún, los vecinos de las zonas afectadas coinciden de pleno en que ha sido “una catástrofe anunciada”.
