Noticia Exclusivo suscriptores El gremio plantea un régimen especial de vivienda, evalúa el impacto en empresas y analiza fuentes de financiación.Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. Foto: CamacolPERIODISTA19.08.2026 12:27 Actualizado: 19.08.2026 12:36
El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, presentó la hoja de ruta del sector privado para hacer frente a la tragedia causada por el sismo del pasado 10 de agosto. Tras la primera mesa técnica nacional con el Gobierno y otros siete gremios, Camacol propuso un plan de cinco puntos que incluye la emisión de decretos bajo la emergencia económica, un censo unificado de daños (EDAN) para antes del 30 de septiembre, la creación de un régimen especial de reconstrucción y la búsqueda de fuentes de financiamiento por 30 billones de pesos (con alternativas como la reorientación de 20 billones no ejecutados y el uso de Obras por Impuestos).Además, señaló que, pese a la contracción del sector tras 12 trimestres de caída, los constructores aceptaron la invitación de aportar utilidades o donaciones en especie (diseños y personal), disponiendo de inmediato de 1.000 viviendas terminadas para reubicaciones. Se estima que la reconstrucción total del país tomará al menos cuatro años. LEA TAMBIÉN Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Foto:Camacol ¿Cuáles son los cinco puntos clave que ustedes, como Camacol, han definido para la reconstrucción del país? Ayer se realizó la primera mesa técnica nacional convocada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con el objetivo de articular las capacidades del sector privado. No solo estuvo Camacol; participamos alrededor de ocho gremios de gran importancia para la reconstrucción nacional, tales como Andesco —en servicios públicos—, Asocajas, la ANDI —que representa a los industriales clave en la producción de insumos para la construcción— e incluso la Federación Nacional de Cafeteros y Fedepalma, orientadas a la atención de las zonas rurales. Asimismo, el ministro citó a los enlaces de las gobernaciones y de las ciudades capitales afectadas para comprender la magnitud de las necesidades y la capacidad de oferta de artículos, acompañados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Hacienda, donde estará el gran espacio financiero, representado por el viceministro de Hacienda, Andrés Quevedo.La idea de esta reunión inicial era buscar cómo articular capacidades alrededor del plan de tres fases presentado por el ministro. La primera es una fase de atención, cierre y transición de la atención humanitaria, donde destacaría, además de adelantar el Registro Único de Damnificados, la evaluación técnica con una metodología unificada por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para calificar el estado de las edificaciones. Se trata de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que debe desplegarse sobre el territorio para consolidar lo que venían adelantando las ciudades y gremios como Camacol. Esto permitirá determinar lo que se debe reparar, rehabilitar, reconstruir o generar como oferta de vivienda nueva para las familias damnificadas que se registren a través de las autoridades locales.El edificio Vanessa, en el sur de Cali, se convirtió en uno de los puntos priorizados. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante/EL TIEMPO. ¿Cuáles son los cinco puntos clave que ustedes, como Camacol, han definido para la reconstrucción del país? Como Camacol, consideramos urgente que el Gobierno ejecute rápidamente cinco acciones:Primero, expedir el decreto de declaratoria de emergencia económica y social, sobre el cual el señor presidente y el Gobierno vienen trabajando de manera prioritaria. Este será el marco sombrilla para los decretos legislativos que permitirán diseñar los mecanismos de atención. De la mano de esto, todos los colombianos queremos conocer cómo operará y cómo será la gerencia del Fondo Milagro, inspirada en la estructura sencilla pero con alta capacidad de decisión del Forec.Segundo, definir la metodología, formularios y el despliegue de técnicos en el territorio para la evaluación de las edificaciones, clasificándolas entre las que no sufrieron daños, las que tuvieron afectaciones no estructurales y son reparables, y aquellas colapsadas o que deben ser demolidas. Planteamos este trabajo hasta el 30 de septiembre. Camacol ha acompañado este esfuerzo registrando voluntarios técnicos con experiencia en ingeniería; ya contamos con más de 4.400 registros y hemos desplegado más de 100 especialistas en territorio, pero es clave unificar la metodología.Tercero, generar un régimen de reconstrucción especial. La política de vivienda de interés social ordinaria no es suficiente para atender las más de 120.000 viviendas averiadas y las decenas de miles destruidas. Le planteamos al Gobierno articular la concurrencia de recursos de la Nación, la Unidad de Gestión del Riesgo, Fonvivienda y las cajas de compensación, estructurando líneas de crédito compensado. Esta política debe abarcar no solo a los hogares de menores ingresos, sino a familias de diferentes estratos sociales afectadas, emulando la experiencia del Forec para brindar soluciones de reparación, reconstrucción, rehabilitación, reubicación o compra de vivienda nueva.Cuarto, la articulación territorial y comunitaria. Es vital trabajar desde las regiones con las comunidades. Hay un caso aparte en el Chocó, donde el reto es mayor por tratarse de comunidades rurales, étnicas y afrocolombianas con propiedad comunitaria de la tierra, lo que exige un abordaje diferente e integrado con los constructores regionales.Quinto, definir las fuentes de financiamiento. El presidente hablaba de un costo de 30 billones de pesos para la reconstrucción, de los cuales 24,5 billones corresponden a edificaciones residenciales y no residenciales. El Ministerio de Vivienda debe hacer un trabajo muy responsable sin sacrificar la estabilidad fiscal, tras la situación heredada del gobierno anterior, buscando medidas innovadoras. Anif ha propuesto revisar los recursos de inversión no ejecutados del presupuesto 2026, que podrían sumar hasta 20 billones de pesos, además de saldos no comprometidos de regalías. Asimismo, ayer discutimos la ampliación de Obras por Impuestos —actualmente restringida a municipios PDET— hacia los territorios afectados, permitiendo que las empresas ejecuten infraestructura educativa o de salud computable contra el impuesto de renta según los cupos que determine el Gobierno.Las cifras del PIB constructor confirman acumulados 12 trimestres consecutivos de contracción. Foto:ISTOCKHablando del tema de recursos, el presidente Abelardo de la Espriella invitó a los constructores a donar sus utilidades a los proyectos de vivienda en las zonas afectadas. ¿Cómo recibieron esta propuesta en el gremio?Recibimos la invitación del presidente. Hay empresas grandes con la disposición de ayudar en la emergencia renunciando a sus utilidades. Sin embargo, la gran realidad es que, tras cuatro años del gobierno anterior, el sector quedó sumamente afectado. Las cifras del PIB confirman 12 trimestres consecutivos acumulados de contracción en la construcción de edificaciones; se perdieron cerca de 400 empresas constructoras en ese cuatrienio y la mediana de rentabilidad empresarial en vivienda es inferior al 2,5 por ciento. Teniendo en cuenta la condición diversa entre grandes, medianas y pequeñas empresas, todos los empresarios aceptan la invitación y están dispuestos a aportar desde sus posibilidades. Quienes no puedan donar utilidades —las cuales operan como colchón ante imprevistos como el alza del acero o sobrecostos de cimentación— aportarán diseños, cálculos estructurales, personal y apoyo técnico. La solidaridad del sector privado es total.¿Qué sigue para poder aplicar estas ayudas y alivios, incluyendo los servicios públicos y el sector bancario?Es clave la articulación territorial y la búsqueda de soluciones inmediatas que permitan a la gente retornar a sus actividades productivas. Por ello, la evaluación de la Unidad de Gestión del Riesgo debe ser rápida para priorizar las viviendas con daños menores y facilitar el retorno seguro de las familias. Para la operación integral, se requieren los decretos de emergencia. Programas como Mi Casa Ya o Mi Casa Milagro, dirigidos a hogares de hasta cuatro salarios mínimos, resultan insuficientes para una emergencia de esta magnitud. Se deben estructurar alternativas de financiación adaptadas al reto fiscal actual.Municipio de Versalles en el norte del Valle hay700 viviendas afectadas por el terremoto. Foto:Gobernación del Valle¿Existe un tiempo estimado para la puesta en marcha de estas medidas?En evaluación, el ministro fijó el cierre de fase al 30 de septiembre. Camacol y sus regionales en Valle y el Eje Cafetero han apoyado desde el día uno en atención humanitaria, salvamento, remoción de escombros y evaluación de edificaciones. Subrayo la urgencia de unificar la metodología de evaluación y acelerar el Registro Único de Damnificados para viabilizar subsidios temporales de arrendamiento y servicios públicos. Debe entenderse que la reconstrucción total será un proceso largo que estimamos tardará por lo menos cuatro años, requiriendo coordinación continua entre el Estado, los entes territoriales y el sector empresarial.Terremoto en Pereira. Foto:Sergio Cárdenas / EL TIEMPO.¿Cómo está la relación de las constructoras con los compradores en las zonas afectadas respecto a entregas y desistimientos?Los proyectos actualmente en oferta o venta no sufrieron afectaciones graves, aunque habrá que revisar los compromisos y plazos de entrega en casos particulares. El Gobierno nacional nos compartió dos proyectos de decreto esenciales: uno que permite solicitar segundas prórrogas a licencias de construcción ante eventuales retrasos de obra por la emergencia, y otro para suspender términos en la expedición de licencias. De otro lado, por solicitud del Gobierno, informamos que disponemos de al menos 1.000 viviendas terminadas y listas para acompañar la estrategia estatal de reubicación de los hogares damnificados, mediante la indemnización de sus seguros y subsidios.La mesa técnica dejó todas las alternativas sobre la mesa a la espera del plan definitivo de reconstrucción que lidere el Gobierno nacional. 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