Durante décadas, en la Argentina, el Estado encontró razones para intervenir cuando estaban en juego intereses económicos considerados estratégicos. Absorbió deudas privadas, reestructuró pasivos, garantizó obligaciones, compensó al sistema financiero, asistió empresas en dificultades y aprobó sucesivos regímenes de regularización patrimonial. La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de esa capacidad estatal para acudir al rescate cuando una crisis amenazaba con arrastrar sectores considerados relevantes para el funcionamiento de la economía. La pregunta que debemos hacernos hoy es sencilla: ¿por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos, sostener la educación de sus hijos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua? La propuesta de declarar la Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de las Personas y los Hogares parte de una realidad que ya no puede ser ignorada. Millones de familias dejaron de endeudarse para comprar una vivienda, mejorar su patrimonio o realizar una inversión. Se endeudan para sobrevivir. La deuda dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchos hogares, en un mecanismo de subsistencia que termina atrapándolos en un círculo de intereses, refinanciaciones y nuevas deudas.