La solución exige reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con rigor y sensatez. 15 de agosto, 2026 - 09h00Montesquieu advirtió una verdad irrefutable: “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites”. La separación de poderes no es una mera formalidad académica; es la barrera diseñada para proteger la libertad individual frente al despotismo. Sin embargo, en el Ecuador actual esta premisa sufre una transgresión sistemática. Hoy no enfrentamos caudillos militares, sino un activismo judicial desproporcionado ejercido por los jueces constitucionales. El diseño procesal de nuestra jurisdicción constitucional cobija asimetrías peligrosas, tanto en un sentido pasivo como en uno activo. Por ejemplo, basta con la voluntad de dos jueces en una sala de admisión para suspender, provisional e indefinidamente, los efectos de leyes aprobadas democráticamente. Esta paralización se decreta sin debate plenario, atentando con facilidad contra la presunción de constitucionalidad de la ley. Por otro lado, la intromisión judicial también muta hacia una usurpación legislativa activa. Escudándose en una interpretación expansiva de la ley, la Corte Constitucional instrumentaliza sus fallos para dictar órdenes imperativas al Legislativo, obligándole a aprobar textos normativos bajo plazos, estándares y contenido estricto preestablecidos por los magistrados. Quienes defienden este activismo asumen erróneamente que la intención de proteger derechos justifica colegislar. Pero el fin no legitima medios inconstitucionales. Montesquieu observaba lúcidamente que “no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia”. En una total paradoja de su pensamiento original, el filósofo francés afirmaría hoy que nuestro Poder Legislativo, gracias a estas injerencias de la Corte, ha quedado reducido a ser simplemente la boca muda que pronuncia la sentencia. PublicidadLa solución exige reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con rigor y sensatez. Delimitar las facultades de la justicia constitucional permitirá restablecer el equilibrio de los poderes del Estado y la debida institucionalidad de nuestro país. El sistema republicano y democrático, así como la libertad de los ecuatorianos, dependen de nuestra convicción para frenar los abusos de poder. (O)Sebastián Zaldumbide Mogllón, abogado, QuitoPublicidad¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?