La situación en Cuba se agravó de forma decisiva a raíz de la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año. Desde entonces, se interrumpieron los suministros de petróleo venezolano, vitales para el sistema energético cubano. Estos representaban más del 60% de las importaciones de petróleo de la isla. Paralelamente, Washington amplió las sanciones contra empresas y países que siguen apoyando al régimen cubano. El objetivo es limitar el margen de maniobra económico y político de La Habana para que los dirigentes estén dispuestos a una transición política y económica. Para Washington, el cambio debe conducir a la apertura de la economía, la liberación de los presos políticos, oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses y, a largo plazo, la transición hacia un gobierno que adopte una postura cooperativa frente a EE.UU. Aunque dentro de la administración Trump parece que aún no se aclaró de forma definitiva si este cambio debe llevarse con parte del régimen actual o con su sustitución. Contra el último adversario. La política estadounidense hacia Cuba forma parte de una estrategia de política exterior más amplia. Para la administración Trump, se interpreta como un retorno a una versión modernizada de la Doctrina Monroe. Cuba es considerada uno de los últimos adversarios de EE.UU. en América Latina. A diferencia de Venezuela, la isla tiene una estructura de poder cohesionada. El poder político no recae únicamente en el presidente Díaz-Canel, sino en una red estrechamente entrelazada formada por el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y los agentes económicos.