EDITORIALOrganizaciones empresariales y gremiales expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia o coacción contra periodistas en el ejercicio de su misión.
Repudio multisectorial unánime merece toda intimidación, amenaza o agresión contra un periodista o medio de prensa. Por desgracia, Guatemala arrastra una larga historia de intolerancias, impunidades e intentos por acallar la libertad de expresión, sobre todo cuando se informa sobre situaciones que atentan contra la institucionalidad, la probidad y la seguridad ciudadana. Por eso, la denuncia pública formulada ayer por Rodrigo Arenas, presidente del medio República, sobre un posible plan para atentar contra su integridad física o la de miembros de su equipo de redacción, debe ser abordada por las autoridades de Seguridad y Justicia con la seriedad que corresponde, y motivar una investigación pronta e independiente que permita establecer el origen, alcance y autoría de lo denunciado.
En Guatemala, el artículo 35 constitucional establece la pétrea garantía de libre emisión del pensamiento por cualquier medio, sin censura ni cortapisas, incluyendo la posibilidad de cuestionar a funcionarios públicos bajo sospecha de actos de corrupción o colusiones ilícitas. Esta cláusula ha sido históricamente esencial porque permite señalar abusos y discrecionalidades de quienes actúan al amparo de un cargo, por nombramiento o elección.
