“Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”. Con esta contundencia ha querido zanjar José Manuel Albares cualquier controversia sobre el futuro de los miles de personas que permanecen en Ceuta desde las entradas del 30 y el 31 de julio. Asistimos, una vez más, a una nueva ofrenda al país vecino, que se suma a la larga cadena de gestos y concesiones que los sucesivos gobiernos españoles han realizado al reino alauí. Pero esta vuelve a producirse bajo un Gobierno socialista –ante la pasividad e impotencia de sus socios de izquierda– que se reivindica promotor de algunos de los avances sociales más importantes de los últimos años, que se presenta como defensor de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ y que presume de haber aprobado una ley integral para proteger a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ese mismo Gobierno es el que ahora, como ya ocurrió antes, vuelve a exhibir, por boca de su ministro de Exteriores –y no solo de él–, mano dura frente a las personas migrantes y convierte las devoluciones en una promesa política. El problema es que los instrumentos internacionales, europeos y nacionales no permiten cumplir esa promesa