La politóloga franco-estadounidense Rachel Théodore (París, 42 años), académica del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor, estudia desde 2023 la intensa salida de capitales chilenos registrada tras el estallido social de 2019. Tras analizar datos y realizar decenas de entrevistas a empresarios, abogados tributarios y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, la investigadora concluye que se produjo un giro profundo en el comportamiento y las percepciones de los empresarios: de exhibir un marcado “sesgo local” —la preferencia por los activos nacionales— pasaron a una creciente transnacionalización de sus inversiones, en un proceso que Théodore describe como un desanclaje respecto al Estado-nación chileno. Hoy, pese a que el Gobierno de José Antonio Kast, el más liberal en materia económica desde el retorno a la democracia, promete con su megarreforma, aprobada por el Congreso, mayores flexibilidades para los empresarios, la fuga de capitales de los inversores chilenos no se ha detenido.Pregunta. ¿Por qué la salida de capitales continúa con el Gobierno de José Kast?Respuesta. Hace tiempo pensaba que las salidas de capitales no cederían con el Gobierno de Kast. En efecto, no volvieron, sino que se incrementaron. El índice de incertidumbre económica (IEC) de CLAPES UC muestra algo revelador en este sentido: tuvo un pico específicamente al inicio de la Administración de Kast, atribuido al mayor volumen de problemas al inicio de este Gobierno. Pero la salida de capitales continúa porque su causa nunca fue solamente el color político del Gobierno de turno. Confundir esto es el error de diagnóstico que ha cometido buena parte del debate público chileno. Si no fuera así, no se explicaría que la mayor salida de capitales de la historia reciente de Chile se haya dado bajo el Gobierno de Sebastián Piñera: 9.691 millones de dólares en 2020, durante el estallido social y la pandemia.P. ¿Qué hubo detrás de esto?R. El estallido social de 2019, que gatilló las primeras salidas de capitales, no fue una crisis de confianza pasajera hacia un Gobierno específico. Le recordó al empresariado chileno, como un trauma que resurge, los desbordes de la Unidad Popular. Rompió el contrato implícito entre las élites empresariales y el Estado chileno, el que sostenía que el modelo económico producía suficiente paz social como para seguir acumulando riqueza sin necesidad de mayor redistribución. Ese quiebre no se revierte con un cambio de color político, porque tampoco fue causado por uno, sino por un efecto “pánico” del empresariado. Hay entonces una doble desconfianza: la de los empresarios hacia el país en general, y una desconfianza específica hacia el propio Gobierno de Kast, lo que resulta paradójico. Hay que recordar que el primer semestre de 2025 cerró con 1.199 millones de dólares de salida de capitales. Pero entre enero y marzo de 2026 salieron US$2.163 millones, un 155% más que los US$848 millones del mismo período de 2025, la cifra más alta para un primer trimestre desde 2022.P. ¿Qué lectura hace de esto?R. Estamos ante una ironía de la historia: el Gobierno más pro-empresa, más neoliberal y más pro-mercado de las últimas décadas está viendo, hasta ahora, una salida de capitales considerable. A mi juicio, la elección de Kast no era la opción más tranquilizadora para el empresariado. Lo era más bien Evelyn Matthei. La llegada de un candidato situado en el extremo derecho del espectro político podía reactivar el tipo de conflictividad social que ya vimos en 2019. A eso se suma que la megarreforma de Kast introdujo una incertidumbre adicional, porque al empresariado no le gustan los cambios de reglas, aunque lo favorezcan. Como me resumió un empresario: “Mejor pagar más impuestos que no tener las reglas claras”. Por eso se van al extranjero, donde no hay cambios de las políticas fiscales. Lo llamativo es que, mientras tanto, la inversión extranjera directa se ha mantenido alta y ha seguido creciendo con fuerza en 2025 y 2026. Al parecer, las dudas que genera hoy la política doméstica chilena no convencen del todo al empresariado local, pero sí resultan menos determinantes para los inversionistas extranjeros, que responden más a los buenos precios del cobre y del litio que a la coyuntura política interna.P. ¿Qué sucedió con los inversionistas chilenos?R. Como me decía un empresario, una vez que las primeras inversiones se hacen afuera, es como una rueda que ya empezó a girar. Las cifras confirman que la salida de capitales es una tendencia de largo plazo que llegó para quedarse, pese a que muchos esperaban que el cambio de Gobierno redujera la incertidumbre institucional. Esto sugiere un cambio cultural y estructural profundo entre los inversionistas chilenos, que apunta a una transformación de fondo en cómo las élites chilenas invierten su patrimonio, con una apertura mayor hacia la globalización.Ahora, si miramos las circunstancias políticas más recientes, hay algo notable: desde que se conocieron los primeros detalles de la reforma tributaria de Kast, se levantaron muchas voces advirtiendo sobre sus riesgos fiscales. La centroizquierda rechazó en particular la ventana de repatriación de capitales, calificándola de “amnistía tributaria”. Pero también el exministro de Hacienda Ignacio Briones sostuvo que el “proyecto es deficitario” y la economista Cecilia Cifuentes fue igual de directa: “El proyecto en sí mismo no está financiado”. Si hasta la propia derecha critica con dureza el proyecto, cabe preguntarse qué le queda a la confianza empresarial. A esto se suma que el Tribunal Constitucional declaró admisibles, por unanimidad, los tres requerimientos presentados por la oposición contra la megarreforma, centrados en la invariabilidad tributaria y en las indemnizaciones ambientales. Es decir, la medida diseñada para dar certeza de largo plazo a los grandes inversionistas está hoy sujeta a incertidumbre constitucional. Y a los empresarios, la incertidumbre les molesta profundamente, incluso cuando el Gobierno de turno es de su propio signo político.P. ¿La megarreforma frenará la salida de capitales?R. En el corto plazo, es muy poco probable. La propia reforma incluye un mecanismo pensado justamente para traer capitales de vuelta, pero tiene una estructura dual poco convincente: la tasa general de 10% permite solo declarar el patrimonio que se tiene en el extranjero, sin obligación de traerlo a Chile. La tasa reducida de 7% exige, en cambio, ingresar materialmente los recursos al país y mantenerlos invertidos aquí por un mínimo de ocho años. En otras palabras, el “premio” real por repatriar es del 3%, así que es probable que la mayoría de quienes se acojan a este mecanismo se limiten a declarar, sin mover su dinero. Esta clase de ventanas ya se ha probado antes en Chile, con resultados muy dispares. Otro indicio de que la reforma no va a frenar nada en lo inmediato es la confianza empresarial, medida por el IMCE. El índice tuvo un salto tras la elección de Kast (de 45,28 puntos en diciembre de 2025 a 52,12 en enero de 2026), pero desde entonces cayó mes a mes hasta 43,62 puntos en julio de 2026, su nivel más bajo desde diciembre de 2024. Es un dato duro relevante: el termómetro más directo del ánimo inversor local se deterioró mientras se tramitaba la reforma, no mejoró con ella.P. ¿Cuándo se verán los efectos?R. La idea central pro-crecimiento del Gobierno responde a una queja histórica del empresariado desde la reforma de Michelle Bachelet de 2014, cuando Chile pasó de un sistema tributario integrado a uno semiintegrado, obligando a los dueños de empresas a usar solo un 65% del Impuesto de Primera Categoría (27%) como crédito personal. La megarreforma revierte esto, restaurando gradualmente el crédito al 100% hacia 2031, un principio que recuerda al antiguo Fondo de Utilidades Tributarias, aunque sin recrear su mecanismo original. También reincorpora la invariabilidad tributaria, derogada en 2014. El problema de fondo es que, si lo hay, se verá recién en el largo plazo, y es difícil predecir cómo reaccionarán realmente los inversionistas y si frenará o no la fuga de capitales. Es una apuesta, no una certeza. P. ¿Es relevante para el mercado que se haya aprobado con los votos mínimos en varias instancias legislativas? R. Sí, porque revela una ausencia de consenso amplio, tanto político como técnico. Las normas que más importan a un inversionista de largo plazo, como la invariabilidad tributaria y las disposiciones ambientales, pasaron en el Senado por el margen matemáticamente más estrecho posible. Para un inversionista, esto importa porque la certeza jurídica que la reforma promete –el activo que en teoría debería atraer capital– depende de una mayoría circunstancial y frágil, no de un acuerdo amplio y transversal. Una ley aprobada por un margen de apenas dos votos, cuestionada por sectores de todos los colores políticos y hoy bajo revisión del Tribunal Constitucional, es exactamente el tipo de señal que un inversionista de largo plazo interpreta como riesgo de reversión futura. Si el equilibrio político cambia en la próxima elección, o si el TC falla en contra, la promesa de estabilidad a 10 o 25 años podría no sostenerse. En ausencia de un consenso político amplio, ninguna ley puede ofrecer la certeza que la inversión de largo plazo realmente necesita. Eso solo lo da un acuerdo capaz de sobrevivir a los cambios de Gobierno.P. ¿Qué se necesita para retener esos capitales en Chile?R. Hay un factor crucial que entendí en mis entrevistas con empresarios: las élites chilenas tomaron la decisión estratégica de transnacionalizar su patrimonio y reducir su exposición a Chile como destino de inversión de largo plazo. Es una decisión que no se revierte con un ajuste fiscal puntual ni con un ministro de Hacienda favorable al empresariado.Lo que se necesitaría es alcanzar acuerdos transversales, capaces de ser suscritos de forma amplia por el oficialismo y la oposición, y pensados para el largo plazo. Lo que le falta hoy a la política chilena es salir de sus trincheras. Mientras sigamos teniendo gobiernos con una mirada estrecha del problema, no se saldrá de esta dinámica.P. ¿Cuánto pesa el miedo a otra crisis social en estas salidas de capitales?R. Hay que mirar la raíz del fenómeno. Las salidas de capitales comenzaron durante la mayor crisis social que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia. Las élites empresariales le temen profundamente a ese tipo de irrupción violenta, y saben que podría repetirse. Ahí aparece la contradicción de fondo del programa de Kast: para atraer a las élites, el Gobierno les baja los impuestos, pero al hacerlo reduce justamente los recursos fiscales que permitirían construir la estabilidad y la equidad social que se reclamaba durante el estallido, y que haría a Chile atractivo para esas élites. Hay una lógica que termina mordiéndose la cola: fomentar políticas que tensionan la paz social, con la esperanza de que esa misma paz social regrese para atraer inversión, es pedirle al fuego que apague el incendio que él mismo inició.