NoticiaDe acuerdo con informe del Ministerio de Educación, el 84 % de las sedes del país no cumple la norma sismorresistente NSR-10.Así quedaron las escuelas en Chocó tras el terremoto Foto: Augusto PinedoSUBDIRECTOR VIDA14.08.2026 11:59 Actualizado: 14.08.2026 12:11
El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 14 de agosto, confirmó que 2.486 centros educativos presentaron algún tipo de afectación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. LEA TAMBIÉN Chocó, el departamento donde se ubicó el epicentro, concentra la mayor parte del daño, con 796 escuelas afectadas. Le sigue Caldas, con más de 400 sedes con algún reporte de afectación.La magnitud de esa cifra no tiene comparación reciente. Así lo advierte Laura Arbeláez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana: "Comparando la cifra de sedes educativas afectadas, 2.486 según la UNGRD, con los promedios anuales que venía presentando Colombia en afectaciones por cualquier tipo de desastre, estamos hablando de que solo las afectaciones por el terremoto triplican el peor año, que fue en el 2024".En paralelo, las autoridades locales han venido haciendo anuncios sobre la manera en que se realizará el regreso a clases. De momento, no se tiene un consolidado oficial del número de niños, niñas y adolescentes que vieron interrumplida la prestación del servicio educativo.Detrás de esas cifras hay, además, una tragedia que enluta al sector educativo. En los municipios de Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, seis estudiantes murieron por el colapso de infraestructura escolar, según confirmó el Ministerio de Educación.Se trata de los niños Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, estudiantes de la sede María Inmaculada de la Institución Educativa Distrital (IED) Gimnasio Calima. También murieron Luciana Moreno Flórez y Niela Nicol Vernaza Corrales, de la sede Panorama de la IED Gabriel García Márquez de Yumbo.Así quedaron las escuelas en Chocó tras el terremoto Foto:Augusto Pinedo. Unicef.El problema de fondo: colegios construidos sin norma sismorresistenteLa magnitud del daño reportado tras el sismo reabrió una discusión que el sector educativo colombiano arrastra desde hace años: la vulnerabilidad estructural de buena parte de sus sedes.Un informe de infraestructura educativa pública elaborado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) —al que se sumó un diagnóstico posterior del Ministerio de Educación sobre las condiciones de sismorresistencia de las instituciones del país— arrojó cifras que ayudan a entender el tamaño del reto.Del universo de sedes estudiado, apenas el 5 por ciento, es decir 638 establecimientos, cumplía con las normas de sismorresistencia contempladas en la NSR-10. Otras 1.132 sedes, un 9 por ciento, tenían un cumplimiento parcial de esa norma. Un grupo más reducido, 175 sedes (1 por ciento), había adelantado estudios de vulnerabilidad y consultorías pensando en futuras intervenciones.El dato que preocupa más a los expertos es el último: 10.773 sedes, equivalentes al 84 por ciento del total, no cumplían la norma ni contaban con estudios o proyectos de obra en curso.Yezid Alvarado, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, señala que la antigüedad de buena parte de las construcciones escolares explica en parte por qué los colegios terminan siendo de los espacios más vulnerables ante este tipo de desastres.En departamentos como Caldas ese fenómeno tiene, además, un origen particular. Luis Herney Vargas, secretario de Educación de ese departamento, explica que varias instituciones se levantaron sobre predios donados, sin que mediara un requerimiento de infraestructura reglamentado. "Muchas veces no cuentan con un requerimiento de infraestructura reglamentado y se volvió algo cultural", asegura Vargas, quien agrega que así quedaron los planteles en buena parte del departamento.Colombia, sin embargo, sí ha avanzado en su reglamentación sismorresistente. El Ministerio de Educación adoptó los lineamientos de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias (Gire), pensada justamente para blindar al sector frente a este tipo de eventos.El problema es que la mayoría de los colegios del país fueron construidos hace 40 o 50 años, cuando esos lineamientos no existían, y hoy no cuentan necesariamente con los reforzamientos que exige la normativa vigente."El problema no es solamente de la edificación, sino que los planes de ordenamiento no incluyen zonas de amenaza en las que no debería construirse", advierte Arbeláez, investigadora del LEE.Para Unicef, el daño reportado en las escuelas va más allá de la simple interrupción de las clases. "Los niños y niñas han visto caer sus hogares y escuelas, y enfrentan riesgos cada vez mayores, mientras los servicios esenciales continúan interrumpidos en las comunidades más afectadas", afirmó Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.Y es que las escuelas cumplen también una función de protección para la niñez. En medio de una emergencia como esta, advierte la organización, los menores pueden quedar expuestos a riesgos de violencia y explotación que en circunstancias normales la propia institución educativa ayuda a contener.Unicef prepara ya una segunda etapa de respuesta enfocada en educación. En los lugares donde los colegios no puedan seguir funcionando se prevé la instalación de aulas temporales, con actividades de aprendizaje flexible y la entrega de kits educativos y pedagógicos para los estudiantes.Nancy Palacios Mena, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, insiste en que detrás del número de sedes afectadas hay realidades muy distintas entre sí. "Detrás de ese número hay comunidades educativas que hoy enfrentan situaciones muy diferentes: instituciones con daños menores, sedes que requieren reparaciones estructurales, establecimientos que todavía no pueden reabrir y, en los casos más dolorosos, escuelas que fueron escenario de pérdidas humanas", explica la profesora.Así las cosas, el reto que enfrenta el país no se limita a reconstruir paredes y salones. "Más allá de reconstruir edificios y aulas, el país enfrenta un reto urgente: recuperar espacios seguros, acompañar a las comunidades atravesadas por la pérdida y evitar que una interrupción temporal termine afectando las trayectorias educativas de miles de estudiantes", agrega Palacios.La académica es enfática en que el regreso a las aulas no puede darse antes de que existan garantías técnicas. "Volver en un entorno seguro, posterior a las evaluaciones técnicas y a las adecuaciones que den confianza a todos los estamentos de la comunidad educativa, es fundamental", sostiene.En las sedes donde se perdieron vidas de estudiantes, docentes u otros funcionarios, considera que se requiere un acompañamiento distinto al del resto de instituciones. "Va a ser perentorio acompañar el regreso de dichas instituciones con equipos interdisciplinarios, que acompañen el regreso a la cotidianidad escolar con un trabajo muy fuerte de apoyo, soporte y cuidado de cada miembro de las instituciones", plantea Palacios, para quien "la urgencia por recuperar la presencialidad nunca puede estar por encima de la seguridad física de las comunidades".La profesora advierte, además, sobre un desafío que se hará visible cuando pase lo más urgente de la emergencia: proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. Familias que pierden su vivienda pueden verse obligadas a trasladarse temporal o permanentemente a otros municipios, mientras algunas comunidades podrían pasar semanas sin una sede disponible.Frente a ese escenario, Palacios propone eliminar cualquier barrera que retrase el ingreso de estudiantes afectados a otras instituciones, desde exigencias de uniformes hasta documentos administrativos que una familia desplazada por la emergencia puede no tener disponibles de forma inmediata.En esa misma línea, Arbeláez advierte que el riesgo de fondo es que la emergencia derive en deserción escolar y pérdida de aprendizaje. "Ya está ampliamente documentado que los cierres educativos generan pérdidas de aprendizaje que no se van a recuperar automáticamente al volver a clases y que afectan de una forma más severa a estudiantes de contextos más vulnerables", explica la investigadora, quien identifica a las zonas rurales como las más golpeadas por el sismo y, a la vez, las que menos aulas adicionales tienen disponibles para dar continuidad al servicio.Así quedaron las escuelas en Chocó tras el terremoto Foto:Augusto Pinedo. UnicefAsí avanza el regreso a clases en las ciudades más golpeadasDe momento no se han emitido directrices de orden nacional sobre la reanudación del calendario escolar, por lo que cada ciudad afectada ha definido su propia ruta. Para Arbeláez, ese ritmo de recuperación dependerá de un factor concreto: cuántas de esas sedes tienen daños leves que se puedan resolver en cuestión de semanas y cuántas, en cambio, presentan afectaciones estructurales delicadas que exigirán procesos más largos.En Cali, 89 instituciones educativas oficiales y 214 sedes reportaron algún tipo de afectación en su infraestructura. La secretaria de Educación se reunió con los 92 rectores de las instituciones oficiales y expidió una resolución que establece la ruta para garantizar la continuidad del servicio educativo según las condiciones de cada sede.La resolución contempla la definición de modalidades presencial, virtual o híbrida, el acompañamiento pedagógico para adaptar guías y proyectos educativos institucionales (PEI), y la planeación de las acciones necesarias para la habilitación, recuperación o reconstrucción de las sedes. También incluye la reorganización de servicios esenciales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y el aseo.Con esa ruta trazada, las clases con estudiantes se retomarán en Cali a partir del 24 de agosto en las sedes ya habilitadas, bajo la modalidad que corresponda a cada comunidad educativa. Entre el 18 y el 21 de agosto se adelantará la Semana de Desarrollo Institucional, y el calendario académico culminará el viernes 4 de diciembre de 2026.En Pereira, en cambio, los recientes movimientos telúricos llevaron a la Alcaldía a suspender las clases presenciales en 67 instituciones educativas oficiales. La administración municipal no tiene aún una fecha definida para el regreso: la reanudación dependerá por completo de los resultados de las inspecciones técnicas en cada sede y del diagnóstico sobre la seguridad de sus infraestructuras. Solo después de esos informes se sabrá qué colegios podrán reabrir y cuáles necesitarán intervenciones adicionales.Manizales presenta un panorama distinto. El alcalde Jorge Eduardo Rojas expuso este miércoles 12 de agosto el balance de las actividades tras el tercer día de ocurrido el sismo. Según el mandatario, las instituciones educativas públicas de la ciudad, suspendidas desde el lunes 10 de agosto, retomarán clases el martes 18 de agosto, una vez pase el puente festivo.Rojas explicó que 24 instituciones públicas y 16 privadas resultaron con mayores afectaciones, y que tras la visita de comisiones de revisión de infraestructura ya se tomaron decisiones sobre su futuro. "Solo quedan totalmente afectados y no podrán funcionar dos públicos que son el Liceo Isabel la Católica y la sede El Libertador, en la vereda La Cabaña. Y de los privados, el Semenor", precisó el alcalde. La situación afecta a cerca de 1.500 estudiantes en la ciudad.En ese contexto, Arbeláez no descarta que otras ciudades sigan el ejemplo de Cali. "No sería raro que se contemplen medidas como ampliar el calendario escolar en las zonas más afectadas. La normativa lo permite y de hecho ya hay ciudades como Cali donde se anunciaron cambios al calendario", apunta.REDACCIÓN EDUCACIÓN Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
