El Gobierno decidió cruzar apenas la línea de un tema tabú: habilitar a las compañías que no generan divisas a tomar créditos en dólares. Aún cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que en el 2027 no habría presión cambiaria, se trata de una maniobra que apunta a inyectar liquidez, para dotar de estabilidad en la antesala de un año electoral. Pero, aunque con resortes deliberados, la contracara de la medida es someter a los balances del sector privado a un descalce si el tipo de cambio sufre variaciones bruscas.
El Banco Central comunicó la flexibilización del artículo 23 del Decreto 905/02, que surgió en medio de la crisis de 2001. Desde ahora, las entidades bancarias podrán utilizar sus fondeos en moneda extranjera para financiar a todo el ecosistema de personas jurídicas. Se desarma así una exclusividad que tenían hasta ahora las empresas exportadoras. Para contener un posible impacto sistémico, la entidad monetaria fijó un techo: el volumen de estos préstamos no podrá perforar el techo del 15% de los depósitos en dólares que posea cada entidad.
El equipo económico enmarcó la desregulación como una respuesta pragmática a las urgencias de la matriz productiva, apuntando a rubros intensivos como la construcción y la industria automotriz. “Nos parece macroprudencialmente lo más razonable”, argumentó Caputo durante una conferencia de prensa de la que participó PERFIL. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que fue un pedido de las industrias: "Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto”.
