El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la declaración del Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada (A Coruña), como lugar de memoria democrática al considerarlo como “uno de los espacios más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España”. “Meirás constituye un lugar de memoria democrática por representar de forma singular los procesos de destrucción y reconstrucción de la democracia en España desde 1936 hasta la actualidad”, resume la resolución, que explica que la “trayectoria histórica” del pazo, que está “estrechamente vinculada a dos realidades de enorme trascendencia y muy diferente significado: la figura de Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea, y la dictadura franquista, que convirtió el inmueble en uno de sus principales símbolos de poder”.Durante la Segunda República, Meirás “quedó asociado a sectores políticos y sociales contrarios al nuevo régimen democrático y fue asimismo escenario de conflictos agrarios que reflejaban las profundas tensiones sociales y políticas del período”. “Algunos miembros de la familia participaron en conspiraciones antirrepublicanas relacionadas con los procesos golpistas de 1932 y 1936, convirtiendo el lugar en un escenario representativo de las fracturas que precedieron a la Guerra de España”, expone la resolución del BOE.La dimensión de estos sucesos “convierte a Meirás en un lugar esencial para la memoria democrática” cuando además, en plena Guerra Civil, se constituye el 3 de marzo de 1938 la denominada “Junta Pro-Pazo del Caudillo”, integrada por el gobernador civil de A Coruña y diversas autoridades provinciales y locales, con “el objetivo de adquirir el inmueble para entregárselo a Francisco Franco”. Una operación financiada “mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares, en un contexto de represión y coacción política”.Escenario político del franquismoEl Pazo de Meirás fue utilizado como residencia del dictador Francisco Franco desde 1938 hasta su muerte, lo que conlleva que el edificio haya adquirido “una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista”. “El Pazo se convirtió en uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura”, resume, antes de apuntar que no solo fue residencia de Franco, sino que fue “un escenario institucional desde el que se ejerció y proyectó el poder político del franquismo”, pues allí se celebraban consejos de ministros como el que aprobó, en agosto de 1975, un decreto que endurecía la pena de muerte en los últimos meses de la dictadura.El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal de Franco a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.En marzo, el Tribunal Supremo puso fin al pleito entre el Estado y la familia Franco por la propiedad del pazo, pues la Sala Civil resolvió que eran propiedad del Estado. Este pronunciamiento era el que esperaba el Ejecutivo para que la propiedad estatal fuera definitiva y el edificio pudiera ser rehabilitado para abrirlo entero al público y ser convertido en lugar de memoria. Algo que culmina este viernes con la publicación en el BOE de la resolución que describe el pazo como un inmueble que “permite comprender tanto la apropiación de bienes y derechos producida en un contexto de represión y coacción como la prolongación de determinadas herencias del franquismo durante el período democrático y, finalmente, su recuperación para el patrimonio público como expresión de los valores democráticos, la justicia y la memoria colectiva”.