El freno de Estados Unidos a la importación de esta fruta por la violencia en Michoacán es un nuevo fracaso de seguridad de México
El comercio de aguacate entre México y Estados Unidos es un espejo de esa combinación de dependencia mutua y tensiones que caracteriza la relación bilateral. Para México es un mercado capital. En 2025 exportó aguacate hacia el norte por valor de 3.600 millones de dólares. Es el segundo producto alimentario más exportado a Estados Unidos. Ese flujo de envíos no ha dejado de crecer en los últimos años al mismo ritmo que el precio y la demanda ocasionada por la revolución gastronómica en torno al llamado oro verde. Y Estados Unidos no puede prescindir de México como proveedor cuando su producción nacional no es suficiente para el consumo interno. El éxito ha hecho que la violencia aparezca en la ecuación.
Michoacán, territorio productor de más del 88% del aguacate mexicano, es uno de los Estados que goza de certificación de Estados Unidos para la exportación. Hasta allí se desplazan supervisores estadounidenses que vigilan el cumplimiento de la normativa de exportación. Pero Michoacán es también hogar de una variedad de carteles y organizaciones criminales que han sumado al negocio del tráfico de drogas el cobro de piso, es decir, la extorsión a las industrias prósperas a cambio de permitirles trabajar. Eso lo saben los gobiernos de ambos países y así lo han denunciado los propios empresarios. Esa realidad indeseable no ha podido ser erradicada a pesar de haberse reforzado la seguridad. Pero, de alguna forma, la cadena de producción se sostiene. Los grupos criminales saben por experiencia que, si todo se cae, también ellos pierden.Por amenazas y acciones violentas, Estados Unidos paró los envíos de aguacate hace una semana. Retiró a sus inspectores agrícolas de la zona porque no podía garantizar la seguridad. El Gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó más de 1.500 efectivos como refuerzo. Y aunque a los dos días se retomó parcialmente la actividad, que da trabajo a 200.000 personas en Michoacán, ha tardado en recuperar la normalidad. Una secuencia que ocurrió también en 2022 y 2024 y que, de nuevo, pone en evidencia la incapacidad de México de ofrecer garantías plenas de seguridad pese al conocimiento y experiencia sobre la situación.El Gobierno sabe que Michoacán es una fuente constante de urgencias. La violencia convive con la gente, la política y la industria en este territorio. Existe, incluso, un Plan Michoacán. Pero la realidad es que el narco se siente impune para matar a un alcalde, asesinan a un líder del gremio limonero o amenazan a los inspectores estadounidenses que tienen la llave maestra de una exportación clave de la economía mexicana. La violencia es la verdadera prioridad de México. Si los grupos criminales pueden asaltar cualquier negocio próspero de Michoacán hasta el punto de estrangular la producción del aguacate, es que no sienten en absoluto la presión del Estado.
