El acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la firma Starlink de Elon Musk, para dotar de conectividad satelital a escuelas rurales reaviva un reclamo histórico: la erradicación de la brecha digital, manifestación directa de asimetrías socioeconómicas (en Argentina constituye una brecha social) y del estructural centralismo geográfico de la Argentina, donde la conectividad es fuerte en centros urbanos y débil y carente en las puntas del país sobre todo en Patagonia y Norte grande. Sin embargo, detrás de una iniciativa en apariencia democratizadora, el análisis técnico y presupuestario del convenio expone un severo menoscabo a los recursos fiscales y un desmantelamiento deliberado de la soberanía tecnológica nacional. Bajo el esquema contractual adoptado, la operación se estructura inicialmente mediante una figura de “donación con cargo” de U$S 10 millones por parte de la compañía privada, para el despliegue de kit receptores e infraestructura durante los primeros 24 meses. No obstante, este aporte se encuentra subordinado a una contrapartida del Estado nacional a través de los recursos que “todavía quedan” del ex Fondo del Servicio Universal, por un monto superior, de U$S 12 millones (¡!). El Estado pone más que el “donante”. La distorsión más severa del acuerdo se consolida a partir del tercer año: finalizada la etapa inicial, el Estado se compromete a abonar un canon mensual de US$ 160 por establecimiento educativo. Esta cifra triplica la tarifa que maneja la empresa estatal ARSAT, cuyo costo de provisión satelital para prestaciones análogas oscila entre los US$ 60 y US$ 70 mensuales por nodo.