El gobierno de Javier Milei continúa con el mapa de privatizaciones trazado en la Ley Bases, que incluyó un porcentaje de Nucleoeléctrica (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares. Si bien la venta parcial de AySA, Metrogas y la concesión de las cuatro represas hidroeléctricas acapararon la atención pública en los últimos días, el futuro de NA-SA generó debate sobre cómo el gobierno está tratando los activos estratégicos vinculados al sector nuclear; mientras sigue evaluando la "viabilidad comercial" de una venta que le permitiría sumar un colchón extra de divisas de cara a la recta final del primer mandato libertario. Por un lado, la discusión gira en torno al valor del 44% de la empresa habilitado a ser privatizado y a la posibilidad de que el Gobierno lo impulse finalmente en el mediano plazo, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la valuación de éste y otros activos. Por otro, una presentación legislativa buscó ponerle un freno a la participación de privados en un área que desde la oposición consideran estratégica, en un momento de transformación de la política nuclear internacional. La privatización de Nucleoeléctrica La privatización parcial de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I, II y Embalse, fue habilitada formalmente por el Gobierno en septiembre de 2025. El decreto 695/2025 estableció la venta del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% y hasta un 5% quedará destinado a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada.