El departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez no por la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, sino porque el Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso un nuevo embargo preventivo sobre el inmueble como parte de la segunda etapa de ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad. La medida fue ordenada por el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, después de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y tiene como finalidad asegurar bienes suficientes para afrontar el decomiso establecido en la sentencia, cuyo monto actualizado fue fijado en torno de los $685.000 millones.
La decisión conocida el 12 de agosto de 2026 debe ser diferenciada de un antecedente judicial que también pesa sobre esa propiedad. El departamento ya se encontraba alcanzado por medidas cautelares dentro de la causa Hotesur-Los Sauces, expediente en el que se investigaron presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con las sociedades familiares. La novedad es que el Tribunal Oral Federal N° 2 decidió incorporarlo expresamente al universo de bienes afectados por las medidas destinadas a garantizar la ejecución patrimonial de la condena de Vialidad.
