Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua reportaron 23 presos políticos en desaparición forzada entre mayo y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)El reporte más reciente de organizaciones de derechos humanos en Nicaragua indica que hay 23 personas consideradas presos políticos en situación de desaparición forzada entre mayo y julio de 2026. El aumento, que representa más del 100% respecto a cifras anteriores, se atribuye tanto a nuevas detenciones sin información oficial como a la decisión de distintas familias de comunicar sus denuncias luego de un periodo prolongado de silencio, generalmente por temor a represalias.Actualmente, los registros de estas organizaciones muestran que existen más de 60 personas reconocidas como presas políticas en el país. De ese total, 52 son hombres y ocho son mujeres, abarcando diferentes edades y regiones. PUBLICIDADLas agrupaciones consideran que esta cifra constituye un mínimo verificable, ya que muchas familias optan por no denunciar públicamente.En una conferencia de prensa virtual, retomada por Confidencial.digital, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y otras entidades sociales explicaron que el incremento en los casos se debe tanto a detenciones recientes como a denuncias que se realizaron tras uno o dos años de silencio. En algunos expedientes, se reporta que las personas han permanecido en desaparición forzada durante uno o incluso dos años.La directora de la Asociación Memoria Justicia (AMJ), Claudia Pineda, expresó que “la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática en Nicaragua, no es un fenómeno aislado y hoy se contabilizan al menos 23 personas en esta condición, de las cuales 8 son adultos mayores”. PUBLICIDADSegún Pineda, estas personas han pasado años sin que el Estado informe a las familias sobre su paradero, lo que las expone a riesgos como tortura, negligencia médica y muerte.El informe sobre presos políticos en Nicaragua señaló que el aumento de casos supera el 100% por nuevas detenciones y denuncias tardías de las familias. (Foto: cortesía)Entre los 23 casos de desaparición forzada, figuran ocho adultos mayores. El informe incorpora también a 13 personas más, entre ellas familiares y allegados del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció bajo custodia estatal el 30 de mayo de 2026.Las organizaciones sostienen que estos presos no están reconocidos en el Sistema Penitenciario de Nicaragua, aunque sus detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía. No se permite el acceso familiar ni la presentación de recursos legales, por lo que, como explica Pineda, “no se conoce nada de su situación física y legal”.PUBLICIDADEl abogado Gonzalo Carrión, del colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que existe un subregistro de desapariciones porque muchas familias prefieren no hacer públicas sus denuncias. Carrión explicó que este año y parte del anterior se documentaron casos de personas desaparecidas desde hacía dos años, y que en algunos, la denuncia se presentó casi dos años después de la desaparición. Esta misma situación fue subrayada también por Confidencial.digital, que ha recogido testimonios de familias que optaron por guardar silencio inicialmente y solo después de mucho tiempo acudieron a las organizaciones para reportar la desaparición de sus allegados.Los registros de organizaciones de derechos humanos en Nicaragua contabilizan más de 60 personas presas políticas, con 52 hombres y ocho mujeres. (Cortesía La Prensa/Nicaragua)Las organizaciones advirtieron sobre al menos cuatro muertes de presos políticos en desaparición forzada bajo custodia estatal, incluyendo los casos de Humberto Ortega, Mauricio Alonso, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera. Según Pineda, “la peor consecuencia de la desaparición forzada es la muerte”, y mencionó estos antecedentes como hechos que “no deberían repetirse”.PUBLICIDADEn ese contexto, Thelma Brenes, hija del preso político Carlos Brenes, alentó a quienes tengan familiares desaparecidos a presentar denuncias, incluso de forma anónima. Brenes reconoció que hacerlo públicamente puede implicar amenazas y hostigamiento, pero considera que dejar de denunciar implica perder derechos.