Han transcurrido 13 días desde el desalojo de Juana Santiago Chel, ejecutado el 30 de julio en el caserío Xecoxó, aldea Tzalbal, Santa María Nebaj, Quiché. El caso volvió a generar pronunciamientos luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitiera una resolución sobre la actuación policial y, este 12 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) fijaran sus posturas.
La PDH determinó que durante el procedimiento existieron violaciones a los derechos humanos y declaró violadores de esos derechos al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71 de la PNC.
Según la resolución, ambos vulneraron los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Santiago Chel, de los ocupantes del inmueble y de pobladores de Xecoxó.
— PDH Guatemala (@PDHgt) August 12, 2026
La PDH recomendó deducir responsabilidades administrativas y disciplinarias contra los dos mandos y otros integrantes de la PNC que participaron en el operativo. También pidió garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, fortalecer la formación de los agentes en mediación y derechos humanos y remitió la resolución a instancias del Organismo Judicial y del Ministerio Público.
