Agentes federales diligenciaron hoy órdenes de arresto contra el dueño de una empresa procesadora de carnes y cuatro empleados, tras ser acusados por un gran jurado, por alegada conspiración y desecho ilegal de desperdicios a un cuerpo de agua en Naguabo.El pliego acusatorio - emitido la semana pasada - presentó cinco cargos por violación a la Ley federal de Agua Limpia contra la compañía Ganaderos Borges Inc. (GBI), su presidente César Borges Arroyo, el operador Héctor Fulgencio Cabrera, y los empleados Erison Delgado Santos y Neftalí Borges Gómez.Las detenciones estuvieron a cargo de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), tras la investigación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). También ejecutaron una orden de allanamiento en la instalación de la empresa.Mientras, la Fiscalía federal solicitó al tribunal que, de permitirles salir bajo fianza, ordene el cierre temporero de la planta procesadora de carnes para evitar que continúe con la descarga de desperdicios a un arroyo cercano y luego al Mar Caribe. “Durante años, GBI ha operado sin permiso para procesar los residuos que genera a diario”, indicó una moción del Ministerio Público.Agregó que los cargos están relacionados con el vertido ilegal de residuos por parte de GBI, que consisten en sangre animal, pelo, tejido y heces, así como grasa, aguas residuales, desinfectante y otros líquidos generados durante el despiece y el procesamiento de la carne.“Alegamos que esta planta procesadora de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para verter carne, sangre y heces de animales en un arroyo que desemboca en el océano y una playa pública”, declaró el principal fiscal general adjunto de la División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia federal, Adam Gustafson.“La conducta aquí denunciada sacrifica la salud pública en aras del beneficio económico y constituye un delito. El Departamento de Justicia exigirá responsabilidades a los infractores”, agregó.Imagen en una moción de la fiscalía federal que muestra la ubicación de la laguna de retención de residuos en los predios de la empresa Ganaderos Borges Inc. en Naguabo. (Captura)Los cargos denuncian que a partir de agosto de 2018 y hasta al menos septiembre de 2025, el presidente de GBI, Borges Arroyo, y el operador Borges Gómez ordenaron a los empleados, incluyendo a Delgado Santos y Fulgencio Cabrera, a que descargaran desechos líquidos de la laguna de retención de desechos de GBI hacia un arroyo adyacente. Alegan que hicieron las descargas utilizando una bomba sumergible colocada en la laguna de retención de desechos y conectada a una manguera, para evitar tener que pagar millones de dólares anuales para la eliminación de desechos con camiones tanque.Explicó que la compañía generaba residuos procedentes de diversos procesos realizados en sus instalaciones, como la recepción de animales, el sacrificio, la eliminación de pieles, el despiece y la limpieza.Sostuvo que los residuos mixtos fluían desde la planta hasta una tubería de descarga que desembocaba en una laguna de retención, ubicada en la esquina suroeste de la propiedad de GBI, que colinda con un arroyo que recorre aproximadamente media milla hasta el mar Caribe, en Tropical Beach, de Naguabo.Según la moción de la Fiscalía “los desechos fluyen rápidamente cuesta abajo hacia el océano en Tropical Beach a través del arroyo”. “Tropical Beach, por su parte, es una playa pública que permanece cerrada la mayor parte del tiempo por excesos de enterococos, bacteria que se mide como indicador de la presencia de aguas residuales y excrementos animales”, resaltó la Fiscalía.“Esta playa, extremadamente contaminada, supone un peligro para los residentes locales, para cualquiera que llegue a la zona por mar y para cualquier otra persona que no haga caso de las advertencias de cierre”, advirtió.Imagen incluida en una moción de la Fiscalía federal, alegando que muestra descargas de desperdicios de la empresa Ganaderos Borges a un arroyo cuando llegan al mar. (Captura)El pliego señala que la empresa tenía un permiso de tratamiento de aguas residuales sin descarga, que requería que los desechos líquidos fueran transportados desde la instalación a una instalación de eliminación. Sin embargo, destacó, en ningún momento se permitió el vertido de residuos en el sitio ni en ningún otro cuerpo de agua. Alegó que el permiso expiró el 31 de julio de 2019 y continuaron violando la Ley de Agua Limpia al menos hasta septiembre de 2025.Expuso que para ocultar el vertido ilegal de residuos, los acusados ​​escondieron la bomba sumergible y la manguera cuando no se utilizaban, mientras que proporcionaron declaraciones y documentos falsos y engañosos a personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. (DRNA) para ocultar las actividades ilegales.Por su parte, el fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, declaró que “GBI violó reiteradamente y de forma intencionada la Ley de Agua Limpia”.“Este procesamiento deja claro que quienes socaven deliberadamente las leyes ambientales federales y pongan en peligro el medio ambiente y las comunidades de Puerto Rico enfrentarán un proceso penal por delitos graves debido a su conducta ilegal”, abundó.Mientras, el administrador adjunto Jeffrey A. Hall, de la Oficina de Cumplimiento y Garantía de Cumplimiento de la EPA, manifestó que “los acusados ignoraron intencionalmente la prohibición completa de descargas bajo la Ley de Agua Limpia y, a sabiendas, enviaron un lodo repugnante de sangre y desechos animales y productos de limpieza al Mar Caribe, a sólo millas de reservas naturales, playas y una base militar”. “Descargas ilegales como estas causan daños graves, poniendo en riesgo la seguridad y la salud del agua, la vida silvestre y la salud humana”, alertó. “La EPA se asegurará de que los contaminadores que arruinan nuestras comunidades y aguas costeras rindan cuentas”.Gráfica incluida en una moción de la Fiscalía federal explicando que muestra el nivel de contaminación en la playa Tropical Beach debido a las descargas de residuos de la planta procesadora de carnes Ganaderos Borges Inc. en Naguabo. (Captura)Buscan impedir que procesadora continúe operandoComo no se trata de un crimen violento, los individuos son elegibles para salir bajo fianza. Sin embargo, la Fiscalía federal pidió que se les impida reanudar las operaciones en la planta de inmediato.En su moción, la Fiscalía federal planteó que los acusados “tienen incentivos para considerar la continuación de la descarga ilegal de aguas residuales debido al costo asociado con la eliminación adecuada”. “GBI genera alrededor de 35,000 galones de aguas residuales por día cuando está en operación”, alcanzando “un volumen semanal promedio total de alrededor de 158,000 galones de aguas residuales creadas y enviadas al estanque de retención”, explicó la moción.Planteó que, “utilizando los procesos adecuados y legales, GBI necesitaría que se retiraran entre 15 y 16 camiones cisterna de desechos cada semana si continúa operando, a un costo de entre $64,780 y $82,160 por semana, o entre $3.4 y $4.2 millones por año”. Añadió que, desde 2018, en respuesta a numerosas solicitudes del DRNA y otros organismos reguladores, GBI solo ha proporcionado pruebas de la eliminación de residuos que suman menos de una semana de generación de residuos.Por esa razón, pidieron al tribunal que GBI no pueda “realizar ningún proceso no autorizado” que “genere residuos líquidos”, hasta que “pueda demostrar adecuadamente que ha obtenido todos los permisos necesarios y los medios logísticos y financieros para eliminar de forma adecuada, segura y legal los residuos que genera a diario”.De resultar convictos, las cuatro personas acusadas se exponen a penas máximas de hasta cinco años en prisión y multas de $250,000. GBI enfrenta multas de hasta $500,000 por cada cargo.El Nuevo Día procuró comentarios de Ganaderos Borges Inc. y al momento de esta publicación se esperaba por respuesta.