El gabinete del presidente Bernardo Arévalo está en manos de los diputados de oposición que solicitaron 28 interpelaciones, pero la táctica de fiscalización no es la más eficaz, al menos eso opinan grupos de monitoreo parlamentario.
Las organizaciones que integran Congreso Eficiente, así como los analistas del Observatorio Legislativo, creen que la interpelación ha sido mal utilizada en las legislaturas, convirtiéndose en una herramienta de “chantaje político”.
Ahora, mientras el Congreso dedica cada jueves desde el 20 de marzo del año pasado a la interpelación de Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, ya se programaron otras 28 interpelaciones.
En total, junto al juicio político contra Pinto, 13 de los 14 ministros de Estado tienen pedido para interpelación, solo queda fuera el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.
Del grupo de funcionarios pedidos ante el pleno del Congreso, destaca Norma Lissette Zea Osorio, ministra de Comunicaciones, quien acumula siete pedidos para interpelación.
