EDITORIALEn el Congreso ya se debería estar discutiendo una ley nacional de tratamiento de desechos.
Treinta y dos municipalidades están alarmadas porque, a partir del 31 de agosto, cerrará el vertedero de Amsa, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, y ya no recibirá más basura. A diario llegan unos 300 camiones con unas dos mil 200 toneladas de desechos. El asunto de fondo es que las comunas —con todo y autonomía— se acomodaron a esta alternativa, como si fuera ilimitada, sin preparar ningún plan para clasificar ni tratar sus residuos sólidos. No son las únicas en este predicamento, pero solo menos de 10 han implementado algún tipo de planta de tratamiento.
Paradójicamente, el próximo 27 de agosto se cumple un año de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que cortó, de tajo, el acuerdo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos sólidos, basándose en un desnaturalizado argumento de autonomía invocado por un diputado que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la única norma que brindaba una luz al final del túnel de basura que se genera a diario en el país.
Ronald Portillo, del exoficialista Vamos, fue esa lumbrera que impugnó la ley, y más luminosa aún fue la unanimidad con la cual fue avalada por la CC la supresión del reglamento: el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera fue el ponente de la resolución, que fue apoyada con votos de Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez, Leyla Lemus, Walter Paulino Jiménez Texaj, Luis Alfonso Rosales y Claudia Paniagua. El acuerdo 164-2021 quedó sin efecto y expulsado del ordenamiento jurídico, por ser considerado violatorio del principio de autonomía edilicia. Ya se había solicitado un recurso previo por parte de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que no fue otorgado. Sin embargo, esto permite deducir que la resolución de la CC no desagradó a sus directivos e integrantes.
