El Gobierno de Abelardo De La Espriella, con apenas cuatro días en el poder, hereda una caja maltrecha justo cuando afronta el peor desastre natural del siglo. Las cifras de fallecidos y heridos aumentan, en una tragedia a la que sigue una reconstrucción que tendrá que financiarse con poco margen de maniobra. “Aún es temprano para un balance. Pero probablemente haya que posponer algunos recortes de impuestos que el Gobierno quería e incluso traer a la mesa una discusión sobre ingresos adicionales”, destaca a EL PAÍS José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento Anif.Ese martes, De La Espriella ha reportado algunos de los daños materiales ya contabilizados: 1.136 viviendas destruidas, 8.357 averiadas, daños en 35 centros de salud. También se han afectado acueductos, centros educativos, vías o aeropuertos. Organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y CAF ya anunciaron ayudas por 1,2 millones de dólares en total, una fracción de lo que puede costar la reconstrucción. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la entidad que monitorea sismos en todo el mundo, calcula que el daño puede llegar a ser de hasta el 7% del PIB, lo que implicaría un golpe a 130 billones de pesos (40.600 millones de dólares). El pronóstico más probable del organismo apunta a pérdidas entre los 1.000 y 10.000 millones de dólares.Los recursos necesarios para superar y reconstruir retrasarán una de las principales propuestas del Ejecutivo recién posesionado: recortar los gastos del Estado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se había propuesto reducirlos en 20 billones de pesos o 6.000 millones de dólares este año, casi el 1% del PIB. Aunque el economista ha insistido en que no habrá subidas de impuestos, este martes declaró en las comisiones económicas del Congreso que espera que se decrete una emergencia económica y social para atender la crisis, sin precisar qué medidas busca tomar con el estado de excepción. Lo que anunció fue la posibilidad de suscribir un crédito con el Banco Mundial de hasta 450 millones de dólares (alrededor de 1,5 billones de pesos) y la postergación por unas semanas del pago del impuesto de renta de las personas naturales, que debería iniciar sus pagos este miércoles 12 de agosto. Que el grueso de la factura de la reconstrucción deba salir de las arcas del Estado significa un reto inmediato: el Gobierno saliente ya usó el 96% del cupo de emisión de deuda (con los bonos conocidos como TES) de este año. Es una cifra inédita, destaca Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá. En los años de transición presidencial, lo habitual era que el Gobierno saliente dejara alrededor del 30% del cupo disponible para su sucesor. El presupuesto actual enfrenta un faltante de más de 30 billones de pesos (9.375 millones de dólares), según sus cálculos. Para el experto, el nuevo Gobierno está obligado a continuar con la “ingeniería financiera” para evitar presiones de liquidez, destaca en la Silla Vacía.Está por verse cómo reaccionará el precio de la deuda colombiana ante el desastre, pero hay evidencia internacional que da pistas. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye que los mercados no castigan el sismo en sí, sino que lo usan como una prueba de estrés institucional para un país. Su análisis, publicado el pasado octubre, examina 96 economías emergentes (Colombia incluida) entre 2012 y 2023, y encuentra que el spread soberano —la sobretasa de interés que los mercados cobran a un país por encima de la de Estados Unidos, y que mide el riesgo que ven — sube y se mantiene en los países con baja capacidad estatal.El efecto en los más frágiles aparece dos meses después del evento y puede llegar a superar los 60 puntos básicos hacia el quinto mes, un encarecimiento de 0,6 puntos porcentuales de la deuda. “Los mercados son como sismógrafos: no se limitan a registrar el tamaño de un choque, sino que rastrean cómo viaja a través del sistema”, concluyen los autores del estudio. También destacan que, en los países que responden bien a la emergencia, el spread se mantiene estable o incluso baja. La capacidad institucional como variable de riesgo es lo que está en juego.La pregunta ahora será el estado de emergencia anticipado por el ministro Gómez. Diego Rivera, asociado senior de Benavides Rivera Abogados, recuerda que el Gobierno ya declaró una situación de desastre, una medida de menor calado. “Es una herramienta administrativa que habilita la coordinación institucional, la contratación ágil y la movilización del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, sin alterar el reparto ordinario de competencias”. En contraste, la emergencia económica “atribuye transitoriamente al Ejecutivo la facultad de expedir decretos con fuerza de ley”. Al suspender la división de poderes, está sujeto a controles más estrictos, destaca el abogado.Uno de ellos, es que lo genere un hecho sobreviviente, imprevisible e irresistible. El terremoto es uno de ellos por definición y la Corte Constitucional ya avaló usar la figura tras el terremoto del Eje Cafetero en 1999, la ola invernal de 2010 o la avalancha de Mocoa en 2017. El verdadero filtro, advierte, es otro: el Gobierno deberá demostrar por qué la situación de desastre ya declarada y otras herramientas ordinarias no bastan para atender la crisis. Por eso Eric Thompson, experto en tributación corporativa, ofrece una alternativa: una versión reforzada de Obras por Impuestos que permitiría a las empresas descontar de su declaración de renta lo que inviertan directamente en reconstruir los municipios más golpeados. La visión económica del nuevo Gobierno pasa por la administración privada de los proyectos, cierta reducción de los impuestos a desembolsar y evitar el incremento del gasto público directo.