Los primeros bombardeos de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia han sido contra la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo y han afectado gravemente a la población civil. Las operaciones militares, llevadas a cabo en la noche del lunes y en la madrugada del martes en la zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, dejaron campesinos heridos, afectaron varias viviendas y causaron el desplazamiento forzado de familias inocentes. Así lo han confirmado organizaciones de derechos humanos de la región, autoridades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Personería de San Calixto, y algunos líderes sociales de la zona. El Ministerio de Defensa ha confirmado la operación en un comunicado de prensa. “En la noche del pasado lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron una importante operación contra una estructura criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinque en Norte de Santander”. Los voceros de la cartera liderada por el general retirado Jorge Mora explicaron que, como resultado, “fueron neutralizados dos presuntos integrantes de esta organización en desarrollo de operaciones militares”. Además, aseguran, se incautaron de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, “además de material de comunicaciones e intendencia”.El Ministerio reveló que ubicaron y destruyeron dos búnkeres y cinco áreas campamentarias utilizadas por el ELN, y no reconoció alguna afectación a la población civil. “La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción militar”. Sin embargo, la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo aseguró que, después de los bombardeos y detonaciones, conocieron de tres campesinos heridos. Los pobladores de la zona, en diálogo con EL PAÍS, aseguran que las víctimas son Elfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Yadimier Ascanio. La Mesa también tiene registro “de viviendas y bienes civiles afectados, así como personas desaparecidas y desplazamientos de población hacia la cabecera municipal de El Tarra y lugares aledaños”, según se lee en un comunicado difundido en sus redes sociales. La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este martes en el que confirma la gravedad de los hechos. “Conocimos que autoridades de San Calixto y El Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran tres personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo”. El ente de defensa de los derechos humanos por Iris Marín solicitó a las autoridades municipales y departamentales “disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas que hayan resultado afectadas o se vean obligadas a desplazarse”.También hizo un llamado a las fuerzas militares para que refuercen la planeación y evaluación de las operaciones “a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario para prevenir afectaciones a la población civil”. De acuerdo con la entidad, este hecho evidencia nuevamente “los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”. “En el Catatumbo estamos en una crisis humanitaria desde hace año y medio debido a las confrontaciones que están llevando el ELN y el frente 33 frente de las FARC”, dice a EL PAÍS un líder social de la zona sobre un conflicto entre ilegales que ya suma más de un año y medio, y pide que los bombardeos no afecten a la población civil. “La comunidad es la que termina atrapada entre el fuego cruzado. Este tipo de bombardeos indiscriminados, en los que no hay una medición de la fuerza, termina afectando a los campesinos”, dice.Jerson Andrey Figueroa, personero municipal de El Tarra, aseguró que la operación militar fue “desproporcionada y habría puesto en riesgo la integridad y la vida de habitantes de la comunidad”. Figueroa explicó que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial para su atención médica. “La Personería Municipal expresa su profunda preocupación por la situación y rechaza cualquier actuación que pueda poner en riesgo a la población civil”. La corporación Vivamos Humanos, que lleva más de 25 años trabajando por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, insiste en que la prioridad del Estado y de las fuerzas militares “es proteger a la población civil, garantizar el acceso humanitario y verificar las afectaciones”.De la Espriella, quien asumió la presidencia de la República el viernes anterior, ha prometido un mandato de mano dura. En las semanas previas a su posesión, repitió como una mantra que, con él, los ilegales solo tendrían las alternativas de enfrentar una ofensiva estatal o someterse a la justicia. Este lunes, con el primer bombardeo bajo su mando, el significado de esa amenaza se empezó a hacer real.