El Gobierno central y el de Ceuta cerraron ayer filas en torno a una misma idea. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, coincidieron en subrayar con gran convicción que quienes cruzaron de manera irregular la frontera el pasado 30 de julio no tienen más salida que regresar a Marruecos “cuanto antes”. Sin embargo, el propósito político es bastante difícil de realizar. Como mínimo a corto plazo.La reunión de Vivas y Albares tuvo una elevada carga simbólica –que describe el calado de la crisis– puesto que era la primera visita de un ministro de Exteriores a Ceuta . Un paso evitado durante décadas por la delicada relación diplomática con Rabat y que hoy completará la ministra de Defensa, Margarita Robles.Fue en este marco en el que Albares dijo sin rodeos que “hasta la última persona” que entró irregularmente acabará regresando a Marruecos y, según explicó, esa es también la “voluntad expresa” de las autoridades marroquíes y el propósito que guía el diálogo diario con su homólogo en Rabat.La doctrina del Supremo requiere un expediente para cada uno de los menores no tuteladosAlbares lanzó también un mensaje disuasorio a quien piense repetir el intento: “Que no arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso”, advirtió, insistiendo en que ambos países trabajan para evitar que Ceuta y Melilla, sean la puerta trasera de entrada a Europa.Albares apuntó a la desinformación difundida en redes sociales como uno de los detonantes que desencadenaron la entrada masiva los pasados días 30 y 31 y adelantó que el Ejecutivo ya trabaja en colaboración con las principales plataformas digitales para neutralizar estos bulos y evitar que una situación similar, que Rabat tampoco monitorizó, vuelva a repetirse.El presidente de Ceuta, Juan jesús Vivas, coincidió con ese planteamiento y, aunque también deslizó críticas al Ejecutivo al considerar que la respuesta inicial “no ha estado a la altura de lo que requería la exigencia de lo ocurrido”, valoró, sin embargo, como un elemento “muy positivo” el compromiso de acelerar el retorno de quienes aún permanecen en la ciudad, cerca de 10.000 según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, incluidos los menores. “Ni papeles ni asilo. La única solución es el retorno”, insistió.Los subsaharianos que soliciten protección internacional quedan amparados por la ley de asiloPero esa contundencia choca con las dificultades que plantea la ley. El primer obstáculo lo plantean los menores. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, elevó a 1.527 el número de menores filiados tras la entrada masiva y señaló como “prioridad absoluta” su reagrupamiento familiar en Marruecos. El problema es que su retorno no puede ejecutarse de forma colectiva por el simple hecho de que Rabat esté dispuesto a recibirlos.El Tribunal Supremo ya estableció que las devoluciones de menores realizadas en Ceuta en 2021 fueron ilegales por la “absoluta inobservancia” del procedimiento previsto en la Ley de Extranjería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que cada caso debía ser examinado de forma individual, con información sobre la situación del menor, audiencia cuando tuviera suficiente madurez e intervención del Ministerio Fiscal. Además, consideró que aquellas devoluciones habían vulnerado sus derechos a la integridad física y moral y constituían una expulsión colectiva prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.El segundo obstáculo atañe a los adultos. Concretamente a aquellos de origen subsahariano que permanecen en Ceuta y pueden solicitar protección internacional, puesto que la entrada irregular no elimina ese derecho. De facto, una vez presentada una solicitud, la devolución queda sometida a las garantías de la legislación de asilo.También aquí existen límites. Un extranjero puede ser internado en un CIE mientras se tramita una eventual expulsión, pero ese internamiento tiene un máximo legal de 60 días y no puede prolongarse indefinidamente mientras se resuelve su situación.La paradoja es que esos dos meses estipulados pueden agotarse mucho antes de que concluya el procedimiento administrativo. Si llegado ese momento no ha sido posible ejecutar la devolución, la ley obliga a poner al extranjero en libertad, aunque pueda continuar abierto su expediente de expulsión o de protección internacional.La situación abre además un frente europeo. Varios socios comunitarios, entre ellos Dinamarca e Italia, observan con preocupación cualquier escenario que pueda convertir la entrada irregular por Ceuta en una vía de acceso al espacio Schengen. En el episodio del 30 de julio ningún migrante llegó a la Península, pero el temor es que una eventual liberación tras el agotamiento del internamiento termine alimentando precisamente el efecto llamada que Giorgia Meloni y Mette Frederiksen han utilizado para cuestionar la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.Albares atribuye la entrada masiva del 30 de julio a campañas de desinformación en plataformas digitalesTodo ello devuelve la crisis al punto de partida. Albares y Vivas coincidieron en presentar el retorno como la única salida. Pero entre la voluntad política y la realidad hay un enorme trecho.Guerra entre el PSOE y el PP en el Senado por la presencia e los ministros La semana pasada, el Partido Popular, que en virtud de su mayoría absoluta puede organizar la actividad del Senado como le venga en gana, anunció que llamaría a declarar a los ministros de Defensa, Exteriores e Interior en las respectivas comisiones de la Cámara Alta en relación con los acontecimientos de Ceuta. El primero en comparecer, de acuerdo con la convocatoria realizada por la presidencia de la Cámara, era el ministro del Interior, Fernándo Grande-Marlaska, que ya anunció que le era imposible acudir justo el mismo día en que se produce el eclipse y hay convocado un puesto de mando unificado que él mismo preside. En segundo lugar estaba llamado a declarar el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y por último la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según fuentes del PP, la titular de este último departamento es la única que ha aceptado comparecer, pero no esta semana, sino el martes de la próxima semana. Sin embargo, ayer el Gobierno no confirmó esta fecha y anunció que hoy mismo anunciará si los ministros irán al Senado y cuándo lo harán. No hay que olvidar que los tres titulares de los tres ministerios, al que hay que añadir el de Justicia, Félix Bolaños, anunciaron su intención de comparecen en la Cámara Baja la última semana de este mes. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado que podría tomar medidas contra los ministros si deciden no acudir a la Cámara Alta cuando esta les reclama. Entre tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Ceuta esta mañana.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro