El fiscal Penal Económico del 1° turno, Matías Bonancini, tramita una denuncia que presentó la empresa LWK Ingeniería y Servicios SA contra la Municipalidad de La Calera. Dos funcionarios de la gestión de Fernando Rambaldi se presentaron el 8 de julio pasado acompañados por dos policías para ejecutar el desalojo del depósito ubicado en la calle Las Nomeolvides 2370, en barrio Cuesta Colorada.
La situación derivó en la inmediata reubicación de los camiones con los cuales la empresa realiza el servicio de recolección de residuos.
Desde el año 2007, LWK contaba con habilitaciones municipales renovadas ininterrumpidamente. Sin embargo, un decreto municipal (70/25) del año pasado cambió sustancialmente la situación. Esa norma prohíbe de manera específica actividades que la firma desarrolla, como el acopio de áridos, depósito de contenedores y tratamiento de residuos, bajo el argumento de proteger el uso residencial del barrio.
Desde LWK sostienen que esta normativa que modificó el uso del suelo fue dictada de forma sorpresiva y sin justificativo técnico, violando el principio de "confianza legítima" de una empresa que ha invertido y operado en el lugar por más de 13 años bajo el amparo de la ley.
