NoticiaAsí fue la respuesta ante el terremoto de Armenia y la ola invernal del 2010 y 2011.Edificaciones colapsadas en Pereira, Manizales y Quibdó tras fuerte terremoto. Foto: EFE / Archivo particular11.08.2026 07:48 Actualizado: 11.08.2026 07:48
Las catástrofes naturales afectan a personas, destruyen viviendas e infraestructura, lo que genera inmensos gastos para el Estado. Primero, para atender la emergencia y posteriormente trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas.En las ocasiones anteriores en las que Colombia ha enfrentado situaciones de esta índole, los gobiernos han tenido que crear medidas especiales para recaudar dinero destinado a reparar los daños en las zonas afectadas. LEA TAMBIÉN Uno de los casos más graves fue el terremoto del Eje Cafetero de 1999. El sismo de magnitud 6.4 dejó daños irreparables, especialmente en Armenia, y afectó viviendas, comercios, carreteras, entre otros.Los daños económicos fueron calculados en aproximadamente unos 1.857 millones de dólares, equivalentes al 2,2 por ciento del PIB nacional en aquel entonces. Ante la situación, el gobierno de Andrés Pastrana declaró emergencia económica y creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), un fondo encargado de manejar los recursos destinados a la reconstrucción.Terremoto de Armenia en 1999 dejo un daño de 1.857 millones de dólares. Foto:Archivo particularPara conseguir recursos también se utilizaron medidas tributarias. Entre ellas, el impuesto del 2 por mil a las transacciones financieras, que inicialmente fue creado como una medida temporal y fue utilizado para ayudar a enfrentar la emergencia. Este impuesto hoy no solo sigue existiendo, sino que su tasa ha subido hasta el 4 por mil.Además, se implementaron beneficios para incentivar la recuperación económica de la región, como exenciones de renta para empresas que se instalaran en zonas afectadas, y exenciones de aranceles e IVA para la importación de maquinaria y materiales destinados a la reconstrucción.Otro ejemplo fue la temporada invernal de 2010-2011, que afectó a 28 de los 32 departamentos y dejó más de 2,3 millones de damnificados. Los daños económicos alcanzaron los 11,2 billones de pesos, lo que representa cerca del 2 por ciento del PIB nacional en ese entonces. El costo total de la reconstrucción llegó a un estimado de 9,3 billones de pesos.La emergencia climática en Córdoba en 2025 mantuvo en alerta a varias regiones del país. Foto:CortesíaEn este caso, el gobierno de Juan Manuel Santos también utilizó medidas tributarias. Una de ellas fue postergar el desmonte del 4 por mil —que ya se había ordenado en una ley—, lo que permitió mantener esa fuente de ingresos para el Estado que hoy continúa. También hubo un incremento de la base del impuesto al patrimonio y del establecimiento de una sobretasa del 25 por ciento a quienes ya pagaban el impuesto. A la vez, se dieron beneficios y facilidades a los afectados, como deducciones por pérdidas de activos, cambios en la forma de calcular algunos impuestos y plazos especiales para pagar obligaciones tributarias. Además, se creó el Fondo Adaptación, encargado de financiar proyectos de reconstrucción.Estos antecedentes muestran que, frente a diferentes catástrofes de gran magnitud, Colombia se ha apoyado en diferentes maniobras tributarias y económicas: impuestos temporales, exenciones tributarias, beneficios tributarios y recursos del presupuesto nacional. El objetivo parece ser muy similar en ambos casos: conseguir dinero para atender la emergencia, pero también motivar a que las regiones afectadas recuperen producción y reanuden su actividad económica. Así, la catástrofe no fue de un solo día, sino que se extendió mucho más tiempo, lo que terminó representando un fuerte gasto para el Estado colombiano. LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
