Un esquema tributario ágil y eficiente, con inventivos especializados, beneficios atados a resultados, menos carga administrativa y eliminar barreras que desincentiven la expansión del tamaño de las empresas.Así se presenta el sistema tributario que propone la Agenda de Crecimiento Ecuador (ACE) 2040, una iniciativa de largo aliento construida por el Gobierno nacional, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los aportes del sector público, productivo, academia y sociedad civil. La agenda prioriza siete sectores productivos: agropecuario, agroindustria, manufactura, turismo, minería, hidrocarburos y electricidad. No plantea metas numéricas específicas, sino que establece los lineamientos y parámetros generales sobre los que deben encaminarse las decisiones para transformar la economía.PublicidadLa propuesta central en materia tributaria es que la política fiscal no se encasille exclusivamente en función de la recaudación, sino que sea una herramienta que empuje el crecimiento de los negocios. Y que el país obtenga resultados tangibles por el sacrificio que hace al conceder beneficios. El enfoque de la agenda es que “el sector público tiene que generar las condiciones para que el sector privado pueda crecer”, dijo Sariha Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productivo, en una entrevista con EL UNIVERSO, el pasado 24 de julio.La agenda ha identificado que la política fiscal debe avanzar hacia una estructura tributaria procrecimiento, más simple, equitativa y orientada a la formalización, indica el documento.PublicidadPublicidadReconoce que el régimen tributario actual puede convertirse en una “trampa de tamaño”, donde las empresas no cambian de fase, deciden mantenerse por debajo de ciertos umbrales, fragmentan sus operaciones, subdeclaran ingresos o postergan su expansión, debido a que al crecer asumen cargas administrativas más pesadas y tarifas más altas, que encarecen sus costos.“La progresividad tributaria no debe concebirse como una mayor carga para quienes perciben más ingresos; más bien debe reflejar una transición ordenada, proporcional y predecible entre distintos niveles de capacidad contributiva, evitando que el sistema penalice el crecimiento empresarial”, observa la agenda.Sugiere revisar los regímenes tributarios aplicables a distintos tipos de contribuyentes, con el fin de redefinir los criterios de transición de las empresas, evaluando escalas, tasas, beneficios, requisitos de información y costos de cumplimiento.Con ello, se “busca avanzar hacia un sistema tributario más justo y funcional, donde las empresas no sean penalizadas por crecer”.Para el experto tributario John Arias Izquierdo, gerente general de Census Consultores, la agenda reconoce tres problemas centrales del sistema tributario y esos son que “castiga” a las empresas que crecen, concede incentivos sin evaluar si producen resultados y mantiene costos de cumplimiento demasiado altos para las empresas medianas.Lo que sucede con la “trampa de tamaño”, explica Arias, es que, por ejemplo, un negocio familiar que sale del Rimpe puede pasar de pagar aproximadamente 2,75 % o 3 % a enfrentar una tarifa del 25 %, junto con la necesidad de contratar contabilidad y asesoría tributaria. Ese cambio puede determinar si contrata trabajadores y si se expande o permanece pequeño.PublicidadLa progresividad debería redefinirse como una transición ordenada, proporcional y predecible entre niveles, no solo como el principio de que quien gana más paga más. El impuesto debe ser una consecuencia previsible del crecimiento, no el factor que determine si una empresa decide crecer, señala.En Ecuador, el índice de presión tributaria (entendido como la recaudación tributaria total como proporción del PIB) se situó en el 21,7 %, en 2024, según el reporte Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, publicado en mayo pasado. Esta cifra iguala al promedio de América Latina y el Caribe (ALC), que también alcanzó el 21,7 % en el mismo año, indica el reporte que fue elaborado por la Cepal, OCDE, BID, CIAT y NU. El estudio destaca que el índice de Ecuador responde a reformas tributarias relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA) y otras medidas para incrementar los ingresos fiscales. Incentivos por resultados y optimización del gasto tributarioA lo largo de los años, el país ha aprobado incentivos tributarios que otorgan exoneraciones, rebajas, deducciones, tasas preferenciales, entre otros, a favor de ciertos contribuyentes o inversionistas. Sin embargo, el marco legal no siempre ha estado ligado al cumplimiento de compromisos, como el incremento de plazas de empleo. Tampoco se ha establecido siempre una temporalidad de la vigencia de estos beneficios.Varias administraciones han reformado o eliminado los incentivos por la falta de certezas sobre su impacto para la economía, recuerdan expertos consultados. El sacrificio que hace el Estado por dejar de recaudar impuestos, por los incentivos y beneficios que otorga, se conoce como gasto tributario, lo cual reduce la carga fiscal a determinados contribuyentes como apoyo para la consecución de los objetivos de la política económica y tributaria, explica el Servicio de Rentas Internas (SRI).La ministra Moya señaló que “muchas veces se da una exención tributaria que al país le cuesta no recibir $ 5 millones de ingresos que hubieran podido ir a la atención de salud, y no se generó el empleo que se prometió en el momento de firmar el contrato de inversión”.Además, “hay que ver en qué momento el incentivo ya no es necesario”, agregó. La idea es que estos beneficios -que no necesariamente tienen que ver solo con aspectos impositivos o aduaneros- se mantengan hasta que las empresas logren sus objetivos de crecimiento. Una vez que alcanzan mejores posiciones, el incentivo que recibían caduca y pagan lo que normalmente les corresponde.“Hemos revisado muchísimo las experiencias de otros países y cómo hacen ellos para que los ingresos tributarios crezcan de forma orgánica, y una de esas es la temporalidad: que los actores económicos sepan por qué tiempo van a tener esta ayuda o este incentivo y cuándo y en qué momento ya dejan de depender de ello, y eso es lo que les impulsa a crecer”, describió la ministra.Según el manual de gasto tributario de 2024, último dato disponible, ese año el sacrificio estatal ascendió a $ 6.607,35 millones, equivalentes al 5,3 % del PIB y el 38,5 % de la recaudación de impuestos. La mayor cantidad del gasto tributario se derivó del IVA ($ 4.190 millones) y del impuesto a la renta ($ 1.871 millones).Con respecto al 2023, el gasto tributario de 2024 creció en $ 831,28 millones, de los cuales $ 577,47 millones responden al incremento del gasto tributario de IVA a consecuencia del cambio de tarifa del 12 % al 15 %, indica el manual.La agenda no pretende eliminar los incentivos o reducirlos drásticamente, sino rediseñarlos: definir plazos de vigencia; atarlos al cumplimiento de objetivos explícitos, medibles y verificables; simplificarlos -para que sean conocidos y accesibles-, y especializarlos a las necesidades y capacidades de los sectores productivos.La reestructuración debe partir de una revisión profunda de cuáles son eficientes para el país o si benefician injustificadamente a grupos económicos específicos, comenta Napoleón Santamaría, abogado tributarista y docente universitario.“Ecuador aplicó durante años reducciones o exoneraciones del impuesto a la renta para hoteles, industrias y empresas con acuerdos estatales, pero los resultados fueron pobres: el Estado perdió ingresos sin obtener beneficios significativos para la economía nacional, mientras se favorecía a pocos grupos”, observa Santamaría.Si las empresas no cumplen metas de inversión, empleo, producción u otros objetivos, los beneficios deberían reducirse o eliminarse, agrega.John Arias coincide en que el rediseño de los incentivos debe enfocarse en corregir las deficiencias actuales, para que el incentivo deje de ser una renuncia fiscal permanente y pase a ser un instrumento de política pública que rinde cuentas. “Esa dirección es correcta y coincide, de manera general, con lo que recomiendan la OCDE y el BID”, comenta.De igual manera, Freddy Cevallos, gerente general de la firma UHY, indica que un incentivo, así como un subsidio, debe ser temporal, porque lo contrario desvía su funcionalidad. “Cuando se desdibuja ese concepto se convierte en una manutención y un Estado no está para dar ese tipo de mantenimientos”.Según los expertos, para alcanzar los lineamientos que contiene la Agenda de Crecimiento, el país debe trabajar en una reforma tributaria integral y transversal, que incluya cambios en el Código de la Producción, entre otras normas, así como en modificar procedimientos administrativos. 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