Una condena, una sentencia pendiente y un tercer proceso a punto de definir si llega a juicio. Ese es el panorama judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien en menos de una semana quedó condenado, en primera instancia, a tres años de prisión en el caso Grillete; espera el veredicto del tribunal en el caso Triple A y se prepara para que desde este martes 11 de agosto se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que ha enfrentado dilaciones por una serie de incidentes procesales.Los tres expedientes avanzan de manera independiente, pero tienen un punto en común: todos se desprenden de investigaciones relacionadas con la actividad empresarial del alcalde o con las medidas judiciales que enfrentó durante esos procesos.El primer fallo: el caso GrilleteEl único proceso que ya tiene una sentencia es el denominado caso Grillete.PublicidadEl Tribunal de Garantías Penales declaró, el pasado 3 de agosto, culpable a Alvarez como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de concluir que incumplió la obligación de portar permanentemente el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.La Fiscalía sostuvo que el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento en su domicilio de Samborondón, agentes policiales encontraron al alcalde sin el grillete electrónico colocado.En su resolución, el tribunal consideró determinantes los testimonios de los policías Byron Yacometi, Justin Yepes y Luis Caisa Quispe, quienes participaron en ese operativo y declararon haber observado que Alvarez no portaba el dispositivo.PublicidadPublicidadEn cambio, la jueza descartó que existieran pruebas suficientes para concluir que el alcalde manipuló técnicamente el grillete, pues determinó que la cadena de custodia del dispositivo presentó deficiencias y que no fue posible establecer quién retiró el tornillo de seguridad ni cuándo ocurrió esa intervención.Por ese motivo, la sentencia se sustentó exclusivamente en el incumplimiento de portar el dispositivo y no en una supuesta manipulación del equipo.El tribunal impuso tres años de prisión —la pena máxima prevista para ese delito—, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 4.820), disculpas públicas y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de circulación nacional.La defensa, a cargo del abogado Julio César Cueva, anunció que apelará el fallo una vez que reciba la sentencia escrita.Triple A espera el veredictoMientras tanto, el proceso más antiguo, conocido como Triple A, ya concluyó su etapa de juicio y permanece en fase de deliberación.En esta causa, la Fiscalía acusa a Alvarez y a otros 21 procesados de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.PublicidadDespués de varios meses de audiencia, el tribunal cerró, el pasado 2 de agosto, el debate y ahora debe resolver si dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. La Fiscalía solicitó que se imponga la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, al considerar que existen agravantes en la comisión del delito, además de multas, reparaciones al Estado y la clausura definitiva de varias empresas procesadas.Durante el juicio comparecieron decenas de testigos y peritos, quienes sustentaron informes financieros, tributarios y técnicos elaborados con información de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).La defensa, en cambio, rechazó la acusación y sostuvo que la responsabilidad penal no puede fundamentarse únicamente en la calidad de Alvarez como representante legal de las empresas investigadas.El tribunal aún no ha fijado la fecha en la que dará a conocer su decisión. Pero, según la fiscal del caso Ruth Amoroso, debería conocerse antes de que caduque la prisión preventiva de Alvarez en este caso, el próximo 7 de septiembre. Goleada intentará instalarse este 11 de agostoEl tercer frente judicial corresponde al caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga a Aquiles Alvarez y otras 25 personas por el presunto delito de lavado de activos, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier; su esposa, Fiorella Icaza; y, su madre, Gioconda Henriques. Tras varios diferimientos, el juez anticorrupción Jairo García fijó un nuevo calendario para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollará entre el 11 y el 28 de agosto, en jornadas presenciales y virtuales.La diligencia llega después de que tres convocatorias anteriores no pudieran instalarse: la primera fue suspendida por una recusación presentada por la defensa del alcalde; la segunda se aplazó porque coincidía con el juicio del caso Grillete; y la tercera fue declarada fallida por la inasistencia del abogado de uno de los procesados, Andrés Viteri, primo de Alvarez. El jurista fue sancionado. Con el objetivo de evitar nuevas dilaciones, el juez dispuso que la audiencia tendrá carácter improrrogable, advirtió que aplicará medidas correctivas ante cualquier inasistencia y ordenó que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la representación de cualquier procesado que se quede sin abogado particular durante la diligencia. Además, negó un pedido de la defensa de Xavier Alvarez para ausentarse por una intervención médica programada en Estados Unidos, al considerar que el proceso debe tramitarse con celeridad.En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio y las defensas expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva si llama o no a juicio a los 26 procesados. La Fiscalía sostiene que conformaron una presunta estructura empresarial utilizada para lavar activos provenientes de operaciones relacionadas con combustibles, acusación que las defensas rechazan.(I)