La historia de los contratos cuestionados en el Municipio de Pujilí tiene un detalle que aparece varias veces en el expediente judicial: algunas de las obras y bienes por los que el cabildo pagó, según la Fiscalía, ya existían antes de que comenzaran los procesos de contratación.Palmeras sembradas meses antes de la firma de un contrato. Plantas ornamentales que, de acuerdo con la acusación, ya habían sido colocadas por trabajadores municipales. Siete esculturas de patos elaboradas por soldadores del cabildo. Y dos estructuras conocidas como “huevitos” que incluso aparecen en videos publicados en Facebook antes de que el Municipio adjudicara un contrato por $ 20.000 para su elaboración.La Fiscalía General del Estado sostiene que estos hechos formaron parte de un mecanismo para dar apariencia de legalidad a contrataciones de bienes y trabajos que ya estaban ejecutados.PublicidadEl proceso penal por presunto peculado involucra a 17 personas, entre funcionarios municipales y contratistas particulares.En este proceso, denominado Ornato Municipal, el alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, fue detenido el 7 de agosto de 2025, acusado de peculado. La investigación se concentra en cuatro contratos que suman $ 340.664,26: dos relacionados con plantas y palmeras y otros dos con obras ornamentales.PublicidadPublicidadEl expediente describe una secuencia que, según la Fiscalía, comenzaba con la ejecución previa de los trabajos y terminaba con procesos de contratación posteriores.En este caso, recientemente, una Sala de la Corte Provincial de Cotopaxi declaró la suspensión del plazo de la caducidad de la prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros diez procesados por presunto peculado en el caso Ornato Municipal.Corte suspende la caducidad de la prisión preventiva para José Arroyo, alcalde de Pujilí: juicio se espera para el 18 de agostoLos “huevitos” aparecieron antes que el contratoUno de los elementos más llamativos del expediente está en los videos de Facebook publicados por trabajadores municipales.El Municipio de Pujilí contrató el 26 de enero de 2024 a una persona por $ 20.000 para elaborar dos óvalos abstractos. Cinco días después, el 31 de enero, las autoridades suscribieron el acta de entrega-recepción definitiva.Sin embargo, según los testimonios recogidos durante la investigación, los trabajos habían comenzado mucho antes. Obreros municipales declararon que construyeron las estructuras metálicas y les dieron forma en los talleres del estadio municipal Jaime Zumárraga durante noviembre y diciembre de 2023.La propia actividad de los trabajadores quedó registrada en redes sociales. Los videos muestran a los obreros construyendo las estructuras antes de que existiera el contrato con el proveedor. Esa evidencia digital fue incorporada al expediente y contrastada con los documentos oficiales de contratación.PublicidadUno de los trabajadores que declaró en el proceso explicó que el video correspondía a noviembre de 2023. Otro de los obreros también describió las tareas realizadas para mezclar cemento y arena y dar forma a los “huevitos”.Así, la cronología plantea una contradicción central para la Fiscalía: los trabajadores municipales aparecen construyendo las estructuras semanas antes de que el Municipio contratara formalmente a un proveedor para hacerlas.Los patos: soldadores municipales y un contrato de $ 13.000El expediente también señala a siete esculturas de patos silvestres instaladas en el sector de Guápulo.Según la Fiscalía, las figuras quedaron terminadas entre abril y mayo de 2024 gracias al trabajo de soldadores, electricistas y obreros de planta del Municipio de Pujilí. Para construirlas utilizaron herramientas institucionales y materiales adquiridos en ferreterías locales, de acuerdo con la acusación.El contrato llegó después. El Municipio suscribió el 17 de mayo de 2024 un contrato de régimen especial por $ 13.000 para la supuesta elaboración de las esculturas.La Fiscalía sostiene que el problema no radica únicamente en quién recibió el dinero. La acusación apunta a que el contrato habría servido para formalizar posteriormente una obra que ya había sido construida por empleados del propio cabildo.La secuencia se repite: primero aparece la obra; después, el contrato.Estos son los escenarios electorales de los alcaldes y prefectos procesados penalmente o que perdieron sus derechos políticosEn este punto, la investigación también analiza quién proporcionó los materiales, de dónde salieron las herramientas y qué funcionarios participaron en la gestión de las adquisiciones. El expediente identifica a servidores municipales que, según la Fiscalía, tuvieron diferentes niveles de participación en los procesos investigados.Palmeras sembradas y compradas despuésEl patrón investigado no se limita a las esculturas.Uno de los contratos cuestionados corresponde a 32 palmeras fénix. El Municipio firmó el contrato el 19 de enero de 2024 por $ 54.064,27. El acta de entrega-recepción definitiva se suscribió apenas cuatro días después, el 23 de enero.La Fiscalía sostiene que las palmeras ya estaban sembradas desde mayo de 2023, varios meses antes de la contratación.El expediente también recoge una segunda pieza de esta historia: el origen de las plantas. Según la acusación, el alcalde José Alcides Arroyo Cabrera habría presionado al contratista del Mercado de Pujilí para que transfiriera $ 25.320,40 a un viverista.El contratista declaró que el pedido estaba relacionado con el pago de las planillas de la obra que ejecutaba. El expediente recoge su versión de que el alcalde le solicitó plantas y palmeras a cambio del pago de valores pendientes.Después aparecieron los documentos de contratación.La Fiscalía sostiene que el Municipio presentó públicamente las plantas como donaciones de organismos internacionales LGBTI+. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI+ certificó que no realizó donaciones económicas al GAD municipal de Pujilí, según consta en el expediente.Otro contrato: plantas que ya estaban en las callesEl segundo contrato relacionado con vegetación también sigue una cronología similar.El Municipio adjudicó el 15 de agosto de 2024 un contrato por $ 253.599,99 para adquirir plantas destinadas a las áreas verdes.La Fiscalía afirma que los procesos de contratación se realizaron después de que los trabajadores municipales de parques y jardines ya habían sembrado miles de plantas en el cantón.Según la acusación, esas labores ocurrieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024.De esta manera, los dos contratos de vegetación representan una parte considerable del monto analizado en este proceso. Sumados, alcanzan $ 307.664,26.La evidencia digital contradice la cronología oficialUno de los elementos centrales del caso es la comparación entre documentos oficiales y evidencia digital.En los contratos aparecen fechas de adjudicación, entrega y recepción. Pero las publicaciones de los propios trabajadores municipales muestran actividades realizadas con anterioridad.El expediente recoge además chats de WhatsApp en los que, según la Fiscalía, el alcalde comentaba los avances de los trabajos antes de que existiera el proceso contractual correspondiente.La auditoría encontró miles de plantas menosLa investigación incorporó también una revisión física de las plantas y palmeras existentes en los espacios públicos de Pujilí.Un perito agrónomo contabilizó 21.358 especies, entre plantas y palmeras. Luego comparó esa cifra con las 29.976 unidades registradas documentalmente en los contratos.El resultado fue una diferencia de 8.618 individuos vegetales, equivalente, según el peritaje, a una desviación negativa del 28,75 %.Este dato forma parte de las pruebas utilizadas por la Fiscalía para sostener su acusación.Alcalde de Pujilí presenta apelación para salir de prisión: por ahora se mantiene en cárcel de mujeresLa defensa, sin embargo, cuestionó esta interpretación. El abogado David Meza sostuvo que la constatación física demostraba que existían más palmeras de las contratadas y utilizó ese argumento para respaldar la tesis de que sí existieron donaciones.La defensa cuestiona el perjuicio económicoLa acusación fiscal enfrenta una estrategia de defensa que cuestiona tanto la existencia del perjuicio económico como la forma en que se obtuvieron y analizaron las pruebas.David Meza, abogado de José Arroyo, sostuvo que la Fiscalía no habría determinado de manera concreta el supuesto perjuicio patrimonial causado al Estado. También cuestionó que no se hubiera establecido un sobreprecio en las contrataciones.Respecto de los patos y los óvalos, la defensa argumentó que la Fiscalía no presentó una pericia técnica que cuantificara exactamente cuánto habría perdido el Municipio por utilizar personal y recursos propios.Además, Meza cuestionó los peritajes de contratación pública y sostuvo que algunas conclusiones correspondían a posibles infracciones administrativas y no necesariamente a un delito penal.La defensa también solicitó excluir varias pruebas, entre ellas informes financieros, análisis grafotécnicos, pericias de contratación pública y transcripciones de chats y llamadas obtenidas de dispositivos móviles. Finalmente, pidió el sobreseimiento de José Arroyo.Diecisiete procesados y cuatro contratosLa Fiscalía acusó formalmente a 17 personas en este proceso: trece como autoras directas y cuatro como cómplices. Entre las primeras están José Arroyo, funcionarios de las áreas administrativa, financiera, obras públicas, construcciones, mantenimiento, cultura y desarrollo social.Los cuatro señalados como cómplices son los contratistas vinculados a los contratos de palmeras, plantas, patos y óvalos.El expediente, por tanto, concentra la acusación en cuatro contrataciones: $ 54.064,27 por palmeras, $ 253.599,99 por plantas, $ 13.000 por las esculturas de patos y $ 20.000 por los óvalos. (I)