Óscar Puente Santiago, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez desde noviembre de 2023, reposteó ayer, con cita, un mensaje de un perfil anónimo de X —Bilboa III República (@BILBOAANTIFA), con 29.120 seguidores— acompañado de la exclamación "¡República ya!". La expresión se apoyaba en un vídeo en el que se observa a Javier Negre solicitando al Rey, con la mano extendida, un saludo y, aparentemente, una fotografía. El monarca accede. El episodio, de apenas once segundos, fue publicado por Negre en Instagram y posteriormente captado por el perfil que el ministro socialista reposteó. Puente añadió, además de la exclamación republicana, una valoración propia: "Esta situación me parece una absoluta ignominia". El adjetivo "ignominia", según el diccionario de la Real Academia Española, significa "afrenta pública" y es sinónimo de "vergüenza, deshonor, ofensa, oprobio, agravio, injuria, denuesto, ultraje, baldón, insulto, descrédito y vilipendio". El ministro no explica en qué reside la ignominia, más allá de que un ciudadano español, agitador adherido a las tesis de la ultraderecha, comunicador en redes sociales y asesor de los gobiernos radicales de Argentina y, ahora, de Colombia, se haya dirigido a Felipe VI para saludarle y solicitarle una fotografía. Ambas peticiones fueron aceptadas por el Rey, que desconocía quién se las formulaba, con la receptividad y calidez que le son proverbiales. TE PUEDE INTERESAR Opinión El caso Puente POR José Antonio Zarzalejos El encuentro se produjo, además, en un recinto cerrado durante la toma de posesión en Cali del presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, el pasado 7 de agosto. El jefe del Estado asistió al acto, como viene haciendo con los presidentes de las repúblicas latinoamericanas, acompañado en esta ocasión por José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que formaba parte de la delegación oficial. Corresponden a ese Departamento los detalles y la programación del viaje de Felipe VI, en coordinación con la Casa del Rey. No tiene precedente en democracia que un ministro del PSOE haya lanzado públicamente una invectiva contra el Rey. La crítica al jefe del Estado es libre en España y está amparada por la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, resulta inédito, irregular y desleal que Óscar Puente, en su condición de miembro del Consejo de Ministros, impute al Rey protagonizar una "situación de absoluta ignominia". Esta conducta es irregular porque al ministro le corresponde, por mandato constitucional —artículo 64 de la Constitución—, el refrendo de los actos del Rey en las materias de su competencia, así como asumir la responsabilidad derivada de esos actos. Del mismo modo, corresponde a Albares responder de las circunstancias relacionadas con Felipe VI en sus viajes oficiales y de Estado. TE PUEDE INTERESAR Opinión Por otra parte, los ministros y los principales titulares de las instituciones del Estado están obligados a tomar posesión de sus cargos mediante una respuesta afirmativa a la pregunta de si "juran o prometen por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". En el caso de los ministros, se añade el juramento o promesa de mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros (Real decreto 707/1979 de 5 de abril). Este episodio reúne dos comportamientos que rezuman mala fe. Por una parte, el de Javier Negre, que ha utilizado la imagen del Rey de manera torticera; por otra, y todavía más grave, el del ministro de Transportes, obligado a ejercer su responsabilidad, algo que Puente omite de manera sistemática mediante una actividad verdaderamente frenética en las redes sociales. Incluso cuando se produjo el accidente ferroviario en Adamuz que causó 46 víctimas mortales, el ministro no cesó su impulso ‘tuitero’ refutando su responsabilidad política. En este caso, el ministro socialista secunda a un perfil anónimo y prorrepublicano, lo que subraya la irresponsabilidad de un miembro del Gobierno que parece tener encomendada la tarea de provocar confrontación y bronca, pero que hasta ahora no había llegado a atacar directamente a la persona del Rey. TE PUEDE INTERESAR Opinión Esta durísima descalificación de un miembro del Gobierno al jefe del Estado coincide con una situación de tensión entre la Zarzuela y la Moncloa a propósito de la crisis en Ceuta, que el propio presidente del Gobierno describió como una "violación de la integridad territorial de España". La garantía de esa integridad, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, corresponde al Rey, según establece el artículo 56 de la Constitución. Sin embargo, Felipe VI ha sido invisibilizado por Pedro Sánchez desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la avalancha en Ceuta. En su comparecencia en la sede de la Asamblea ceutí, el presidente no citó a Felipe VI, que desde el primer minuto estuvo pendiente del desarrollo de los acontecimientos. Hasta tal punto llegó su implicación que la Casa del Rey distribuyó el pasado 1 de agosto una nota informal en la que dejaba constancia de la "indignación" de Felipe VI por lo sucedido y de su estímulo a que el Estado defendiera su integridad. TE PUEDE INTERESAR Opinión Para subrayar su preocupación por estos hechos, el Rey recibió en audiencia privada el 6 de agosto pasado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en Marivent, a quien expresó su deseo de visitarla. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, apostilló, en un tono imperativo, el deseo del monarca: el viaje se produciría cuando "sea oportuno" y en "plena coordinación", sin precisar si esa coordinación sería con el Gobierno —lo que resulta obvio— o con Marruecos. Las relaciones entre la jefatura del Estado y el Gobierno no son fluidas, como pudo observarse en el lenguaje gestual de Pedro Sánchez durante el despacho que mantuvo con Felipe VI en el palacio de Marivent el pasado 29 de julio. De hecho, es notorio que los despachos presenciales entre ambos no se celebran de manera sistemática, pese al mandato constitucional —artículo 62.g de la Constitución— según el cual el Rey tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado. Recientemente, académicos y catedráticos han denunciado el deslizamiento de la forma de Estado (monarquía parlamentaria) hacia un modelo presidencialista y lo han hecho desde medios significados en el ámbito de la izquierda.