La imagen invernal de Noja (Cantabria) es la de persianas bajadas, comercios a medio gas y vecinos que caminan con paso lento bajo la lluvia. En verano, sin embargo, es difícil hacerse un hueco en la arena, las terrazas despachan cañas de forma frenética y los contenedores de basura apenas tienen tiempo de vaciarse. Nadie puede con Noja. De los 3.000 habitantes empadronados a los más de 100.000 que llegan en verano, la localidad cántabra es la que más crece de España durante esta época, multiplicando por 33 su población habitual. Durante las próximas semanas tendrá que prestar los servicios de una ciudad mediana con la estructura administrativa de un pueblo. Noja es el caso más llamativo de una tendencia que se repite en muchas poblaciones costeras, que ven sus calles congestionadas, los centros de salud colapsados, la red de agua al límite y montañas de residuos en cada esquina que obligan a multiplicar turnos y frecuencias. Aunque la planificación de la temporada comienza mucho antes, los alcaldes hacen equilibrios para gestionar plantillas y presupuestos calculados sobre los habitantes empadronados y no sobre las decenas de miles de personas, principalmente de Madrid y el País Vasco, que utilizan cada día calles, estacionamientos, bares de copas, duchas o contenedores.“La clave es la anticipación, pero es difícil hacerlo cuando dependes de la meteorología”, dice la alcaldesa de Noja, Mireia Maza. “Por ejemplo, este año hace bueno desde junio, lo que obliga a ampliar las actividades de ocio o repensar la contratación durante más tiempo de socorristas y personal de salvamento”, explica la regidora, que vive estos días los más intensos del año. Los destinos de sol y playa representaron el 64% de los ingresos por turismo en España, según Exceltur, una asociación de las empresas españolas más relevantes de cadena de valor turística. Sin embargo, los municipios más saturados reclaman mayor atención para quienes soportan el peso del éxodo estival desde las ciudades. Lugares como Tenerife reciben al año 7,2 millones de visitantes. A una escala menor, pero con tensiones similares, Lloret de Mar, en Girona, representa la desesperación de un alcalde, Adrià Lamelas, que en invierno gestiona la vida de 45.000 personas y en verano, la de casi 200.000. El año pasado, a los cien agentes de la Policía Local, Lloret sumó 45 uniformados más, entre ellos 35 mossos y una decena de nuevos contratos entre vigilantes de playa, Protección Civil y guardias solo dedicados a las zonas de ocio nocturno y a controlar autobuses turísticos, robos, peleas, ruido o venta ambulante.“Con el IBI [Impuesto sobre Bienes Inmuebles] que pagan 45.000 personas hay que sostener a 200.000 personas”, se queja Lamelas. El alcalde se muestra a favor de una tasa turística en paralelo a un mayor apoyo del resto de las administraciones. “Nos sentimos poco valorados a pesar de los puestos de trabajo que estamos creando”, dice vía telefónica. Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, es otro de esos lugares que multiplican por seis su población en verano. Según explica su alcalde, Telmo Martín, hay 18.000 habitantes censados, pero en verano se superan las 110.000 personas, de acuerdo con el cálculo que hace a partir de un consumo de agua de 160 litros por persona y día. Aunque se refuerzan todas las áreas con más médicos, policías o basureros, para el regidor “no hay sensibilidad en el resto de administraciones sobre lo que supone multiplicar de esta forma la población”, explica.El verano no se improvisa, dice, se ensaya durante meses y, aun así, basta una noche conflictiva o un fin de semana de ocupación completa para poner al límite los recursos. “Habitualmente tenemos 21 policías y en verano llegamos a 60, lo que nos obliga a bajar la ratio idónea por cada 1.000 habitantes”, explica.“Pero ponerle solución no es solo un tema de dinero, sino de imaginación y voluntad”, dice, y pone un ejemplo: “Si la mayoría del turismo que tenemos viene de Madrid, ¿por qué no movilizamos a esos policías que ahora no hacen falta allí y los traemos? A ellos y a sus familias les damos alojamiento, un turno de ocho horas y playa para sus hijos, e incorporamos a esos policías experimentados a nuestra plantilla durante los meses de verano”, propone.En Sanxenxo, de las 18.000 viviendas existentes, 12.000 no tienen a nadie censado, “pero el IBI no da para sostener la avalancha del verano. Los ayuntamientos somos los grandes olvidados siempre”, lamenta. Aun así, se resiste a proponer una tasa turística que podría aportarle dos millones de euros de los 10 millones de presupuesto anual que tiene el municipio. “No es algo que reclame el sector y aquí no queremos dar ningún paso sin ir de la mano de los que saben del tema”, añade.La localidad de Peñíscola, en la provincia de Castellón, afronta una situación parecida. Sus cerca de 9.000 empadronados conviven en verano con hoteles y campings que alcanzan ocupaciones próximas al 95%, además de miles de apartamentos y segundas residencias. El Ayuntamiento ha implantado la recogida puerta a puerta en hoteles y campings para evitar que los residuos del turismo colapsen los contenedores.En Salou (Tarragona), habitualmente se recogen 1.100 toneladas de basura, pero en verano se llega a casi 4.000. En noches como la de San Juan, el número de policías aumenta un 40% y las playas se desalojan a las cuatro de la madrugada para que los equipos extraordinarios de limpieza puedan dejarlas utilizables unas horas después. Su alcalde, Pere Granados, lleva años reclamando que el Estado y la Generalitat no financien Salou como si solo atendiera a sus 33.000 vecinos, ya que recibe el mismo dinero que otras ciudades de tamaño similar que no soportan una presión turística semejante, lo que obliga a los residentes a financiar la limpieza de playas, la seguridad o los agentes de movilidad, servicios utilizados también por los visitantes.El desequilibrio en el interiorPero no se trata solo de un problema de poblaciones costeras. El desequilibrio afecta también a pueblos del interior como Villanúa, a 14 kilómetros de Jaca, en Huesca, que multiplica por 10 su población al pasar de 600 habitantes a casi 6.000 en julio y agosto. “El dinero que deja el IBI de segunda residencia no es suficiente para sostenernos y tenemos que recurrir a subvenciones o a fondos europeos”, dice el alcalde, Luis Terrén.En Villanúa, el agua que se gasta en verano es seis veces mayor que la que se consume en un mes invernal, por lo que se preparan durante el año acumulando agua suficiente. Pero, a la escasez de recursos, añade una crítica más: la de tener que prestar servicios de primera calidad a un visitante más demandante que el vecino habitual. “El turista siempre piensa que los turistas son los demás”, resume.Las cifras dicen que el turismo es actualmente el principal motor de la economía española. Según el Instituto Nacional de Estadística, aportó el año pasado 200.699 millones de euros, el 12,6% del PIB español. Pero ese motor ha reventado en algunos lugares y ha dejado heridas profundas. Las mayores movilizaciones recientes contra el modelo turístico se produjeron en 2024. En abril se reunieron 57.000 personas en Canarias para denunciar el impacto negativo de la industria en las islas.La masificación estival no sorprende a ninguno de estos municipios. Llevan décadas recibiendo turistas y dedican el invierno a contratar servicios, ampliar plantillas, revisar tuberías, acondicionar playas y diseñar operativos. El problema es que cada verano deben funcionar como ciudades de mucho mayor tamaño sin dejar de ser, presupuestaria y administrativamente, los pueblos que figuran en el padrón.Turismofobia es el nuevo término que corre de boca en boca, pero tanto el alcalde de Sanxenxo como el de Villanúa rechazan proponer tasas turísticas a nacionales o extranjeros y apelan a que la supervivencia del modelo “pasa por una buena financiación a quienes sostienen la gallina de los huevos de oro”.