La aprobación en la Cámara de Diputados de los tres vetos supresivos presentados por el Presidente José Antonio Kast a la megarreforma generó ácidas críticas de parlamentarios opositores. Los vetos buscan eliminar tres disposiciones incorporadas durante la tramitación legislativa, relacionadas con la prohibición del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y la limitación a 30 días de los plazos de pago a las pequeñas y medianas empresas. Las observaciones del Ejecutivo ahora deberán ser revisadas por el Senado.Tras la votación, parlamentarios de oposición cuestionaron duramente la decisión de la Cámara y apuntaron a los eventuales efectos que tendría la eliminación de las tres normas sobre personas endeudadas, familias y pequeñas empresas.La diputada Sofía González (PC) sostuvo que los vetos evidencian, a su juicio, el propósito que estaría detrás de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.“Estos tres vetos demuestran cuál es el alma de esta megarreforma, que es la defensa de los más ricos en desmedro de quienes menos tienen”, afirmó.La parlamentaria puso especial énfasis en las tres materias eliminadas. Según explicó, una de ellas buscaba terminar con el cobro de intereses sobre intereses; otra permitía eliminar determinados antecedentes financieros después de cinco años, y la tercera buscaba establecer un plazo máximo de 30 días para los pagos a las pymes por parte del Estado.González calificó como “una vergüenza” que se eliminara, mediante los vetos presidenciales, una discusión que había sido incorporada durante el proceso legislativo.El diputado Raúl Leiva (PS) centró sus críticas en las disposiciones sobre el olvido financiero y el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Respecto de la primera materia, advirtió que su relevancia estaría vinculada con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales.“El tema de la ley de protección de datos personales entra en vigencia en diciembre, y está en cuestión si entra en diciembre o no. Por eso era tan importante mantener una norma del olvido financiero para proteger a todos aquellos chilenos y chilenas que querían reemprender”, señaló.Leiva también cuestionó que el Ejecutivo haya eliminado la norma que establecía un plazo máximo de 30 días para los pagos a las pymes. El parlamentario vinculó ambas decisiones con las prioridades económicas que atribuye al Ejecutivo.“Parece que lo importante son las grandes empresas, las compañías multinacionales y no los emprendedores de nuestro país”, afirmó.A su juicio, el Ejecutivo podría haber optado por observaciones destinadas a modificar los artículos en lugar de eliminarlos.“Podría haber sido un veto aditivo, un veto que modificara las iniciativas, pero estamos acostumbrados a que el gobierno no quiera escuchar, solo imponer”, sostuvo.Raúl Leiva (PS).