Bufanda a rayas, sobretodo negro, jean y zapatos, la cara con una mueca de la boca hacia abajo, y el arma apuntando directamente a los manifestantes. Ascendido dentro de la Policía Federal por Cristina Kirchner en 2008, cercano a Patricia Bullrich tras sus pasos en el Ministerio de Seguridad, el comisario Gustavo Antonio Gauna quedó al descubierto por los fotorreporteros como el rostro de la feroz represión que desató el Gobierno el jueves pasado en el Congreso contra la marcha que reclamaba la caída de la ley de Propiedad Privada. Se lo vio también de civil empuñando un arma en febrero pasado, estuvo en la detención a Juan Grabois el año pasado y declaró contra los policías que asesinaron a Lucas González, el jugador de Barracas Central.
La confirmación de la identidad de Gauna reavivó el reclamo por el uso de personal no uniformado durante protestas sociales y por el nivel de violencia institucional desplegado en los últimos operativos. Tanto el policía como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fueron denunciados por abuso de autoridad y apremios ilegales. Además, desde el Congreso reclaman la interpelación para la funcionaria de Javier Milei.
Una fuente con conocimiento directo del Ministerio de Seguridad sostuvo que probablemente haya sanciones internas para Gauna, aunque defendió el operativo policial: explicó que se trata de personal de brigadas de investigaciones, que trabaja habitualmente de civil y cuya función es identificar y demorar a quienes cometen delitos en flagrancia durante las manifestaciones. La misma fuente reconoció, sin embargo, que existen “cuestiones culturales” en torno a la identificación de estos agentes que deberían explicarse mejor a la ciudadanía, en particular cuando ese personal actúa armado en medio de una multitud.
