NoticiaLa resolución, firmada el 6 de agosto pasado, adjudicó 250.000 millones de pesos en contrataciones.César Pachón , excongresista. Foto: Archivo particularPERIODISTA JUDICIAL10.08.2026 07:13 Actualizado: 10.08.2026 07:13
El 6 de agosto pasado, apenas unas horas antes de la sucesión del mando en la Casa de Nariño, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad bajo el mando de César Pachón, expidió una resolución con la que declaró hábil el sábado 8 de agosto para adjudicar contratos por 250.000 millones de pesos. Así lo denunció el ministro de Agricultura del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien cuestionó la presunta irregularidad de esa decisión.“Señor (César) Pachón, yo le pido que por favor no tome más decisiones, a menos que se requieran de manera urgente, porque mañana seguramente lo estaré declarando insubsistente”, dijo el ministro en Noticias RCN.La resolución se justificó en que "se requiere avanzar en las actuaciones administrativas y misionales relacionadas con los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDAR), de acuerdo con las competencias, procesos y procedimientos establecidos por la Agencia, con el propósito de garantizar su gestión oportuna y la continuidad de las intervenciones institucionales en los territorios".Y agregó: "Que dicha habilitación se justifica en la necesidad de adelantar, impulsar y culminar oportunamente actuaciones misionales, administrativas y contractuales sujetas a términos legales, reglamentarios, presupuestales y contractuales, incluidas aquellas relacionadas con la gestión de los PIDAR (...) En consecuencia, la medida se adopta con carácter excepcional y necesario para preservar la competencia administrativa y garantizar la gestión oportuna de los asuntos a cargo de la entidad".La presunta irregularidad radica en la habilitación de un día hábil para dejar amarrados recursos públicos antes del relevo de administración, una 'jugada' que había sido suspendida de urgencia por el Consejo de Estado. Ese antecedente podría viciar el proceso contractual.El alto tribunal suspendió la resolución del Gobierno al considerar que modificaba el cómputo de los términos de los procedimientos precontractuales y contractuales, una decisión que no solo afectaba a los funcionarios del Dapre, sino también a terceros, como proponentes y contratistas, que participan en los procesos de selección.Además, concluyó que desconocía el decreto que regula la jornada laboral de los servidores públicos del orden nacional, el cual establece que cuando un funcionario trabaja ocasionalmente un domingo o un festivo tiene derecho al pago del recargo correspondiente o a un día de descanso compensatorio."La transición gubernamental es un hecho conocido y, por tanto, las necesidades contractuales para su atención deben anticiparse y planearse", se lee en el auto del Consejo de Estado.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
