La empresa que el Gobierno de Estados Unidos pretende contratar para localizar en Guatemala a migrantes con multas pendientes por incumplir órdenes de deportación podrá informarles sobre las deudas y facilitar opciones de pago. Sin embargo, hacer exigibles esos cobros en territorio guatemalteco enfrenta obstáculos legales, según analistas.
El pasado 5 de agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó una convocatoria para contratar a una empresa que localice a personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos, verifique su identidad, les informe sobre las multas pendientes y facilite el pago mediante la plataforma Pay.gov.
La empresa deberá operar inicialmente en Guatemala, México y Honduras, aunque el programa podrá ampliarse a otros países, señala el documento. Entre sus funciones también figura comprobar que localizó correctamente al deudor mediante fotografías del lugar de residencia, facturas de servicios públicos, constancias laborales u otros documentos que respalden la identidad de la persona.
La convocatoria señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por medio de la CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mantiene la facultad de imponer y cobrar multas civiles, sanciones y determinadas tarifas relacionadas con infracciones a la legislación migratoria. El documento indica que estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y dar seguimiento a las personas que permanecieron ilegalmente en el país.
