Criterio urbanoUna oportunidad para avanzar hacia el desarrollo
La semana pasada, Fundesa realizó el conversatorio previo a Enade sobre la importancia del Presupuesto para Seguridad y Justicia 2027. La pregunta que abrió el conversatorio previo fue un poco incómoda: ¿el presupuesto de seguridad y justicia de Guatemala es lo que se necesita o es muy poco? La respuesta depende de con qué se le compare, y esa ambigüedad explica buena parte de nuestro estancamiento.
En quetzales, la cifra impresiona. Los techos presupuestarios para 2027 asignan Q20 mil 100.6 millones a la finalidad de Orden Público y Seguridad Ciudadana, cerca del 11% de un presupuesto de Q181 mil 563.2 millones. Es más del triple de los Q6 mil 34 millones de 2012 y refleja una aceleración notable a partir de 2024. Vista así, la conclusión sería que el Estado ya invierte lo suficiente y que el problema es únicamente de gestión.
Medida como proporción de la economía, el panorama se invierte. Icefi estima que el gasto en administración de justicia, defensoría pública penal y derechos humanos equivale apenas al 0.6% del PIB y al 3.8% del gasto del gobierno central. En el promedio 2020-2024, Guatemala destinó a justicia el 0.87% del PIB: la proporción más baja de Centroamérica, por debajo de Costa Rica y El Salvador (1.47% cada uno), Panamá y Honduras.
