De las seis investigaciones que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, solo acordó remitir, por mayoría pero sin unanimidad, dos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y archivó las otras cuatro diligencias informativas, entre ellas la originada por la denuncia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.PublicidadLa Comisión Permanente vio indicios de que el magistrado pudo cometer dos faltas leves por sugerir que los escoltas oficiales de la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla a huir del país y por un retraso injustificado (desde junio de 2024 hasta enero de 2026) en la tramitación de un procedimiento instruido por el juez, distinto al caso Begoña Gómez. En todo caso, la multa máxima prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para las faltas leves es de 500 euros.No obstante, el órgano de gobierno de los jueces cerró la puerta a expedientar al magistrado por otras cuatro denuncias. La primera de ellas se abrió a raíz de sucesivas quejas presentadas por Félix Bolaños ante la actución del magistrado antes, durante y después de su declaración como testigo en el caso de la mujer del presidente del Gobierno.Hasta cinco cartas remitió el ministro a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, desde el 4 de junio de 2025 hasta el 1 de abril de 2026. Público ha tenido acceso a los escritos de queja enviados por el ministro, adelantados por El País, y en ellos destaca la sospecha de que Peinado pudo plantear su imputación ante el Tribunal Supremo –fue rechazada— a raíz de la primera queja presentada por el ministro contra el juez.En una misiva del 29 de julio de 2025, Bolaños recordó que presentó su primer escrito al CGPJ denunciando "irregularidades e infracciones" del instructor del caso Begoña Gómez el 4 de junio de 2025. El 24 de ese mismo mes, Peinado propuso al Supremo la imputación del ministro por la contratación de Cristina Álvarez, la secretaria de la esposa de Pedro Sánchez, al apreciar indicios de malversación y falso testimonio. Publicidad"Dado que mi escrito se le tuvo que notificar al instructor, sería muy relevante conocer la fecha exacta en que esto se produjo. Si se le comunicó entre el 4 y el 24 de junio, sería verosímil pensar que la Exposición Razonada podría ser consecuencia de la carta que remití al CGPJ advirtiendo de sus múltiples irregularidades en mi declaración como testigo el 16 de abril. Por ello, ruego al CGPJ que compruebe la fecha en que le notificó mi escrito al instructor, me lo comunique, y saque las conclusiones que procedan en Derecho", sostiene el ministro.Otras imputaciones exprésCabe recordar que desde que el ministro declaró como testigo, el 16 de abril de ese año, hasta que Peinado planteó su imputación transcurrieron más de dos meses. Este plazo contrasta con otras decisiones similares adoptadas por el propio juez en el marco de este proceso, también polémicas: Juan Carlos Barrabés, Cristina Álvarez, Joaquín Goyache y Juan José Güemes cambiaron su condición a investigados tras declarar como testigos. Esta cuestión no es baladí, y así lo criticaron todos ellos a través de distintos escritos, ya que la condición de testigo exige declarar bajo juramento o promesa de decir verdad, mientras que un investigado puede acogerse a su derecho a no declarar o incluso a mentir para proteger el derecho de defensa.PublicidadEn el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien la Audiencia Provincial de Madrid sacó finalmente de la causa al estar investigado en otra pieza sobre la adjudicación pública recibida, fue imputado apenas cuatro días después de declarar como testigo.Cristina Álvarez, que se sentará en el banquillo junto a la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación de caudales públicos, declaró como testigo el 20 de diciembre de 2024 y un mes y medio después, el 4 de febrero, pasó a ser otra investigada más.En cuanto a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, el juez decidió imputarle 17 días después de que prestase declaración como testigo. Pero, sin duda, el caso más paradigmático fue el de Juan José Güemes, exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa (IE). El juez interrumpió su declaración como testigo para cambiar su condición a imputado al apreciar contradicciones con otro testimonio. Los dos, junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, fueron también sacados del proceso por orden de la Audiencia de Madrid.Otras quejasEn la misma queja del 29 de julio, el ministro afeó también el contenido de la exposición razonada al Supremo. Y es que, en su auto, el magistrado no solo cometió el gran lapsus de dar por muerta a la propia Begoña Gómez al afirmar que Bolaños y Cristina Álvarez se vieron "en el tanatorio por la muerte de la señora Gómez", sino que también incurrió en varias irregularidades procesales "con el claro objetivo de afectar" su reputación, como el hecho de que el instructor se refiriera sistemáticamente a este como "investigado".Asimismo, en la primera denuncia remitida a Perelló en junio de 2024, Bolaños puso de manifiesto varios hitos que rodearon su declaración como testigo en abril. Para empezar, la mera citación: "En condiciones normales, mi declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no tendría que haberse producido nunca o, de celebrarse, debería haber durado unos minutos, puesto que ni conocía a Dª. Cristina Álvarez (persona sobre la que versó mi declaración) cuando se la contrató, ni la nombré yo, ni nunca fui su jefe".También, durante la práctica de la diligencia, "se me dirigieron expresiones de desconsideración, en tono continuamente arisco, y se llevaron a cabo actuaciones absolutamente anómalas", como fue el hecho de advertirle desde el inicio de la declaración "de que en cualquier momento de la misma podría cambiar su condición". Esta afirmación, además de resultar "exclusivamente intimidatoria en un momento tan inicial de la testifical, es del todo improcedente, pues el juez de instrucción no tenía capacidad para cambiar mi condición al amparo del art. 102.1 CE", subraya el escrito.En su última denuncia, Bolaños criticó la demora "injustificada" –en ese momento, de diez meses– en la tramitación de las diligencias informativas abiertas en el seno del CGPJ. Ante la jubilación prevista de Peinado, en septiembre, el ministro avisó de que "podría llegar a un punto" en el que su eventual responsabilidad disciplinaria "quedara impune y no tuviera ningún efecto". Publicidad"Ese hecho sería sencillamente incomprensible para el conjunto de la ciudadanía y dañaría el buen nombre del Consejo General del Poder Judicial y de la Justicia en general", advirtió entonces el ministro. Este expediente, que acumuló hasta cinco escritos, se cerró el pasado mes de julio (más de un año después de la primera queja) junto al carpetazo definitivo de la mayoría de diligencias abiertas contra Peinado.