La universidad pública vuelve al centro de la conflictividad gremial. Docentes y no docentes de todo el país pararán este miércoles 12 de agosto, en una medida que reúne a gremios y federaciones bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. El reclamo se apoya en tres frentes que, según los sindicatos, el Gobierno viene ignorando desde hace meses. El primero es la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace casi 300 días y todavía sin aplicación efectiva. El segundo es una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema que obliga al Estado a recomponer los salarios universitarios tomando como referencia los valores de noviembre de 2023, un fallo que las organizaciones sindicales denuncian como incumplido. El tercero involucra los fondos comprometidos para el funcionamiento de los hospitales universitarios, entre ellos el Clínicas, con una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos que tampoco se habría girado. Emiliano Cagnacci, al frente de la Asociación Docente de la UBA, fue uno de los que planteó el reclamo con mayor dureza: acusó al Ejecutivo de actuar con “total indiferencia” ante los planteos del sector y de creerse con la potestad de decidir qué leyes cumple y cuáles no.
El 12 de agosto habrá un paro general universitario
La universidad pública vuelve al centro de la conflictividad gremial. Docentes y no docentes de todo el país pararán este miércoles 12 de agosto, en una medida que reúne a gremios y federaciones bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. El reclamo se apoya en tres frentes que, según los sindicatos, el Gobierno viene ignorando desde hace meses. El primero es la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace casi 300 días y todavía sin aplicación efectiva. El segundo es una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema que obliga al Estado a recomponer los salarios universitarios tomando como referencia los valores de noviembre de 2023, un fallo que las organizaciones sindicales denuncian como incumplido. El tercero involucra los fondos comprometidos para el funcionamiento de los hospitales universitarios, entre ellos el Clínicas, con una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos que tampoco se habría girado. Emiliano Cagnacci, al frente de la Asociación Docente de la UBA, fue uno de los que planteó el reclamo con mayor dureza: acusó al Ejecutivo de actuar con “total indiferencia” ante los planteos del sector y de creerse con la potestad de decidir qué leyes cumple y cuáles no.
