Nadia es docente de música en el nivel medio, y desde hace 16 años trabaja en escuelas públicas. En los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, tuvo que juntar horas, cargos y trabajos particulares “para tener un fin de mes menos ahorcado”, según le contó a PERFIL. “Pertenecer a la escuela pública lleva muchas veces a normalizar y naturalizar asistencias de todo tipo que tendrían que estar a cargo del “Estado”, explicó.
El 3 de agosto los docentes, convocados por Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), realizaron un paro y movilización en reclamo de paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas. La respuesta del Ministerio de Capital Humano llegó a través de un comunicado difundido por la red social X: llevaría adelante un operativo de supervisión del cumplimiento del artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece que la educación es un servicio esencial y por ende que, ante una medida de fuerza, se debe cumplir el 75% de cobertura mínima de ese servicio. Pero el mismo porcentaje es el que el Gobierno no cumple en materia de ejecución presupuestaria: para el octavo mes del año el 75% de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Educación presenta una ejecución inferior al 50% de lo previsto.
