La violencia de género es un problema que no disminuye en el país. Los datos de los dos observatorios de organizaciones de mujeres que analizan y siguen la evolución de los casos de violencia de género, y especialmente de los casos más graves como son los femicidios, acaban de publicar las cifras al 31 de julio de este año y allí es evidente que el problema persiste en niveles graves. Esto es ratificado por el observatorio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien el Gobierno Nacional desmanteló todos los programas destinados a atender a las personas que experimentan violencia por su condición de mujer, en todas las edades e incluso las niñas y las mujeres trans, así como su prevención. Ahora, tanto la atención como la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, son actividades responsabilidad exclusiva de las provincias y municipios, con las diferencias que esto genera tanto por el interés de las autoridades provinciales en reconocer y actuar, como por la disponibilidad de recursos de personal capacitado, de instituciones, hasta los económicos con que cuentan. La negación del reconocimiento de la violencia de género por parte del Gobierno Nacional es uno de los motivos que justifican el desmantelamiento de los programas existentes. A esto se suma que desde hace más de un año una senadora presento un proyecto de ley sobre falsas denuncias referidas a los casos de violencia contra mujeres y niñas niños y adolescentes; o sea violencia de género. Esto no se justifica en la frecuencia que se registra, ya que las falsas denuncias por este motivo eran un número muy insignificante. Según el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, de una muestra de los 8,2 millones de causas penales, el 0,09% pudieron ser confirmados y penalizados como falsas denuncias, y de esos solo el 8% de esas falsas denuncias correspondían a violencia de género. La escasa frecuencia de estas falsas denuncias, en general, y muy especialmente en los casos de violencia contra mujeres y niñas, es algo que está avalado por múltiples datos. Esto indica que este proyecto de ley no se justifica por la frecuencia de este hecho. Además, ya existe la penalización de los casos de falsas denuncias, por lo tanto tampoco es necesaria la ley ya que existe esa penalización. Pero el proyecto de ley aumenta la penalización, a un nivel que resulta mayor que la penalización por violencia de género, lo que es realmente una exageración. Por todo esto, la mayoría de las entidades y especialistas en el tema coinciden en la inconveniencia de este proyecto de ley, así como su condición de ser totalmente innecesaria.
¿Falsas Denuncias? ¿Ayudan o afectan la violencia de género?
La violencia de género es un problema que no disminuye en el país. Los datos de los dos observatorios de organizaciones de mujeres que analizan y siguen la evolución de los casos de violencia de género, y especialmente de los casos más graves como son los femicidios, acaban de publicar las cifras al 31 de julio de este año y allí es evidente que el problema persiste en niveles graves. Esto es ratificado por el observatorio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien el Gobierno Nacional desmanteló todos los programas destinados a atender a las personas que experimentan violencia por su condición de mujer, en todas las edades e incluso las niñas y las mujeres trans, así como su prevención. Ahora, tanto la atención como la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, son actividades responsabilidad exclusiva de las provincias y municipios, con las diferencias que esto genera tanto por el interés de las autoridades provinciales en reconocer y actuar, como por la disponibilidad de recursos de personal capacitado, de instituciones, hasta los económicos con que cuentan. La negación del reconocimiento de la violencia de género por parte del Gobierno Nacional es uno de los motivos que justifican el desmantelamiento de los programas existentes. A esto se suma que desde hace más de un año una senadora presento un proyecto de ley sobre falsas denuncias referidas a los casos de violencia contra mujeres y niñas niños y adolescentes; o sea violencia de género. Esto no se justifica en la frecuencia que se registra, ya que las falsas denuncias por este motivo eran un número muy insignificante. Según el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, de una muestra de los 8,2 millones de causas penales, el 0,09% pudieron ser confirmados y penalizados como falsas denuncias, y de esos solo el 8% de esas falsas denuncias correspondían a violencia de género. La escasa frecuencia de estas falsas denuncias, en general, y muy especialmente en los casos de violencia contra mujeres y niñas, es algo que está avalado por múltiples datos. Esto indica que este proyecto de ley no se justifica por la frecuencia de este hecho. Además, ya existe la penalización de los casos de falsas denuncias, por lo tanto tampoco es necesaria la ley ya que existe esa penalización. Pero el proyecto de ley aumenta la penalización, a un nivel que resulta mayor que la penalización por violencia de género, lo que es realmente una exageración. Por todo esto, la mayoría de las entidades y especialistas en el tema coinciden en la inconveniencia de este proyecto de ley, así como su condición de ser totalmente innecesaria.
