Imagen referencial de archivo. ComentariosSEÑOR DIRECTOR:El Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa para ajustar la Ley de Educación Pública que merece un análisis ponderado.El proyecto tiene la intención de mejorar el traspaso de los establecimientos municipales hacia los nuevos Servicios Locales de Educación. El 2029 es el plazo máximo de instalación de los SLEP, y se retrasaría hasta el 2040. De aprobarse, la instalación del sistema tardaría 23 años, desde su promulgación en 2017, casi un cuarto de siglo. Sería prudente buscar una solución más eficaz y exigente para que el Poder Ejecutivo (actual y futuro) se comprometa con una fecha no más allá del año 2032 para finalizar la instalación del sistema. Un problema de origen de la Ley de Educación Pública es la flexibilidad para que las comunas que, de facto, son gobernadas por ciertos colores políticos, tienen mayores ingresos y población socioeconómicamente más favorecida mantengan las escuelas públicas. En esta propuesta se profundiza esa laxitud, lo que arriesga fragmentar la educación pública y crear desigualdades estructurales. Esto ocurre en educación parvularia, donde hay cuatro sistemas de financiamiento público que generan desigualdades en la inversión por niño. La fragmentación crea desigualdades, limita la eficacia y la eficiencia. Se requiere una conversación productiva y acuerdos políticos para fortalecer la institucionalidad en vez de fragmentarla. Finalmente, en los SLEP hay liderazgos intermedios, directivos y docentes que se esfuerzan cotidianamente para mejorar los aprendizajes, la convivencia y el bienestar de los estudiantes. Sería una potente señal que los poderes Ejecutivo y Legislativo desplieguen su liderazgo para mostrar el compromiso del Estado por ser eficaz y eficiente en la consolidación del sistema de educación pública.Ernesto TreviñoProfesor titular Facultad de Educación UC y Director ejecutivo CELITEDMás sobre:EducaciónColegiosSLEPS