Por el delito de asesinato, que se sanciona con una pena de 26 a 30 años, la Fiscalía General del Estado acusó a siete personas como autores mediatos del crimen del político ecuatoriano y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia. Minutos antes de las 16:00 de este 8 de agosto de 2026, la fiscal a cargo del caso conocido como Magnicidio FV, Ana Hidalgo, acusó a siete personas de cometer el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la audiencia pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio que la preside el juez de la Unidad Judicial Penal de Pichincha, Giovanny Freire. Dicho artículo sanciona a la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años, si “la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública”, y por “perpetrar el acto en contra de un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido”. PublicidadEn este caso son procesados como sospechosos de autores intelectuales, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Ronny Aleaga; los cabecillas del grupo criminal Los Lobos, Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; Luis Arboleda Andrade, alias Gordo Luis; Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo; Xavier Jordán Mendoza y Daniel Salcedo Bonilla, procesados en el caso Metástasis; y José Serrano Salgado, exministro del correísmo. La fiscal concluyó, luego de la lectura de su dictamen que ha tomado varios días, que los sospechosos planificaron y financiaron la ejecución del asesinato de Villavicencio y con ello, lograron su objetivo de silenciar su voz y provocar un diálogo irreparable a su familia y amigos. “Este hecho impactó las bases del Estado de derecho, como la libertad de expresión (...) y la seguridad en la participación política”. PublicidadPublicidadIndicó además que se presentaron elementos claros para atentar en contra de la vida de Villavicencio y luego, asegurar impunidad con “miras para obstruir la investigación”.Hasta el cierre de este reporte, Hidalgo iba a dar lectura de los elementos probatorios y luego se preveía escuchar a los equipos de defensa de los procesados. Previamente a dar su dictamen acusatorio, Hidalgo refirió que los sospechosos —según los informes periciales— se dedicaron a elaborar versiones judiciales y crear “narrativas” en redes sociales para entorpecer las investigaciones. Para esto, la agente fiscal refirió conversaciones en plataformas de mensajería instantánea entre María Paula Christiansen, esposa del exministro José Serrano; Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio; Andrés Proaño, pareja de Sarauz; y, Xavier Jordán.Los diálogos periciados serían del teléfono celular de Christiansen que, por ejemplo, en una conversación con Sarauz cuestionan a las hijas de Villavicencio, Tamia y Amanda y también las insultan por sus declaraciones públicas. Se relató cómo se creaban cuentas ‘trol’ (perfiles falsos) en las redes sociales para atacar a actores políticos, a la Fiscalía, a la fiscal Hidalgo, así como a las hijas de Villavicencio para restarles credibilidad.PublicidadEntre esas cuentas están la de ‘SugatitoOrinagua’, ‘Almamialaunica’, entre otras, que se “montaban” replicando la información sobre las hijas de Villavicencio para llegar a miles de seguidores.Otra de las irregularidades que se identificó es que, aparentemente, se pagaba a reporteros para que hagan entrevistas a personajes como a Verónica Sarauz, para implantar estas “narrativas”.La fiscal leyó diálogos que provenían desde antes del asesinato de Villavicencio de un chat al que se denominó “Los verdaderos elegidos” en el que estaban Christiansen, Jordán y un usuario ‘Luchito’. Allí se analizaban noticias, como cuando el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró la disolución de la Asamblea Nacional y cómo se iban armando las candidaturas presidenciales para los comicios anticipados que se celebraron en agosto de 2023. En uno de esos diálogos, leía la fiscal, Christiansen informó al grupo de chat que la situación en Ecuador se estaba complicando por lo que había que “atacar” posicionando que los responsables del hecho eran el expresidente Lasso y la Policía Nacional. Durante la audiencia uno de los procesados, que está recluido en la cárcel de El Encuentro en Santa Elena, encendió su micrófono para avisar que le estaban “torturando”, que le estaban “pegando” y pedía ayuda al juez. El abogado defensor, Luis Rosero, comunicó este hecho al magistrado quien se molestó y les pidió que dejen de “enervar” la audiencia. Una vez que el juez escuche los elementos de descargo de los siete procesados, se retirará a deliberar. (I)