A fines de julio decenas de miles de personas cruzaron a nado y a pie desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad española de 84.000 habitantes situada en la costa norte de África. España conserva allí dos enclaves, Ceuta y Melilla, herencia de cinco siglos de presencia y objeto de un reclamo marroquí permanente. El 29 de julio el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, informó que en la última quincena habían entrado a nado unas 1.500 personas, 200 por día, con los centros de acogida desbordados, y exigió al gobierno central una acción contundente y sin dilación. La mañana del 30 el flujo se convirtió en avalancha cuando la Guardia Civil calculó 20.000 entradas en horas. Al día siguiente el Ministerio del Interior hablaba de 49.000 y Vivas de 60.000. Sobre los muertos ocurrió lo mismo, la Delegación del Gobierno informó 72 y el gobierno ceutí llegó a contabilizar 88, casi todos ahogados junto al espigón del Tarajal. Días después del máximo, cuando el discurso oficial proclamaba el regreso a la normalidad, Vivas estimaba que entre 3.000 y 5.000 personas seguían en la ciudad. Un Estado que no puede conciliar sus propias cifras de entradas, de muertos y de permanencias no administra una crisis, sino su relato, porque esta no es una historia de inmigración, ya que pasa por la credibilidad.